El PNV apremia a Sánchez con las transferencias pactadas
▶ Reclama el traspaso de Cercanías, políticas de acogida migratoria y convalidación de títulos
«Se sigue trabajando intensamente». Así resume el Gobierno vasco sus negociaciones con el Ejecutivo central para cerrar las primeras tres transferencias que acordó el PNV con Pedro Sánchez a cambio de apoyar su investidura. La Delegación del Gobierno, por su parte, habla de febrero como «mes clave» para cerrar esos acuerdos. A pesar de ello, apenas ha habido avances públicos, aunque el PNV presiona para lograr un acuerdo antes de las elecciones vascas. Y más ante la incertidumbre que planea sobre la duración de la legislatura nacional.
Según el acuerdo de investidura suscrito entre PNV y PSOE, el Gobierno central se comprometía a zanjar «con urgencia» el traspaso de tres competencias: los trenes de Cercanías, la gestión de las políticas de acogida de inmigrantes y la convalidación de títulos académicos. Para ello se establecía un plazo de tres meses. Tomando sus palabras en la más estricta literalidad, el acuerdo debería llegar justo hoy, aunque en diciembre el Gobierno vasco explicó que a sus efectos consideraba que el plazo había empezado a correr el 19 de diciembre. Ese día tuvo lugar la primera y única reunión bilateral en este tiempo entre Olatz Garamendi, consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Garamendi incluso aseguró que se había inaugurado «un nuevo escenario» en las relaciones entre ambas administraciones. El plazo expirará el 19 de marzo y en casi dos meses apenas han trascendido encuentros o avances significativos.
Todo parece indicar que la transferencia más avanzada es la que se refiere a la gestión de Cercanías. La intención del Ejecutivo autonómico es que esos servicios que ahora ofrece Renfe pasen a la empresa pública Euskotren. Aunque la transferencia que corre más prisa al Gobierno de Urkullu es, sin duda, la que se refiere a la homologación de títulos extranjeros, ya que se trata de un trámite que acumula un colapso significativo en la administración central. Después de un cambio legislativo, a finales del año pasado el País Vasco anunció por primera vez la contratación de sanitarios extracomunitarios ante la falta de profesionales nacionales o procedentes de la UE. Pero muchos ni siquiera pudieron optar a ello porque solo uno de cada cinco tiene el título homologado. La administración vasca cree que gestionar el trámite desde la comunidad autónoma agilizará ese proceso de contratación.
Con todo, ha sido la transferencia referida a la gestión de las políticas migratorias la que ha levantado mayores suspicacias en el Ejecutivo vasco. Urkullu hizo evidente su enfado después de que el PSOE acordara con Junts un traspaso de las políticas migratorias en una cesión exprés a cambio de que los independentistas catalanes aprobaran su decreto anticrisis. Urkullu le recordó a Sánchez que había adquirido «compromisos» con el País Vasco que debía cumplir cuanto antes.
Lo cierto es que el traspaso que pide el País Vasco es algo diferente. Frente a «las competencias plenas» que aseguraron los catalanes haber obtenido del Gobierno de Sánchez, esta comunidad reclama la gestión de las políticas de acogida. Urkullu ha recalcado en varias ocasiones que el objetivo es «ampliar y reforzar» el modelo vasco de acogida, lo que dejaría fuera procesos como el de la concesión de nacionalidades o permisos de residencia. El Parlamento vasco terminará de tramitar todas las iniciativas pendientes, previsiblemente en este mes de febrero. Y, ya sin agenda legislativa prevista, todo el mundo da por hecho que Urkullu dará por terminada la legislatura. Con unas encuestas inéditamente ajustadas, en las que no se descarta que EH Bildu sea primera fuerza, al PNV le sería de gran ayuda poder explotar unas transferencias recién salidas del horno para vender su capacidad de conseguir cosas en Madrid. Más si cabe en un momento en el que los de Otegi hacen constantemente gala de logros sociales.
Precisamente porque tener las transferencias completadas en una hipotética campaña electoral que comenzaría a mediados o finales de marzo le es muy beneficioso, el Ejecutivo vasco se muestra especialmente cauto a la hora de presionar al Gobierno de Sánchez. Además, existe el riesgo de que, de retrasarse las transferencias, la legislatura pueda en algún momento saltar por los aires y sea entonces más complicado negociar con un nuevo Ejecutivo de otro color. Todos sus portavoces se limitan a señalar, con fórmulas de lo más variadas, que las negociaciones avanzan satisfactoriamente e incluso son flexibles con el plazo firmado en la investidura. «Es cierto que se marcaron tres meses, pero a estas alturas y tras vivir lo que hemos vivido no nos vamos a preocupar si son cuatro en lugar de tres», dijo el vicelendakari, el peneuvista Josu Erkoreka, la semana pasada.
La fragilidad de la legislatura nacional y la inminencia de la campaña vasca obligan ya al PNV a lograr réditos frente a Bildu