Putin endurece aún más sus leyes para combatir cualquier forma de disidencia
▶ Una nueva norma contempla confiscar bienes por difundir bulos sobre el Ejército
Tras ser aprobada de forma acelerada por las dos Cámaras del Parlamento, el presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó ayer una ley que contempla la confiscación de patrimonio por difundir bulos sobre el Ejército ruso. En la nueva norma se establece el mismo castigo por hacer llamamientos en actos públicos a la realización de actividades «antiestatales» de carácter «extremista», entre ellas las dirigidas contra la «integridad territorial» de Rusia o por cometer delitos que atenten contra la «seguridad del Estado», incluyendo críticas a las autoridades. Esta modificación en el Código Penal entrará en vigor 10 días después de su publicación oficial.
La ley amplía drásticamente la lista de delitos castigados con la confiscación de dinero, inmuebles, objetos de valor u otros bienes, además de por «desacreditar» a las Fuerzas Armadas, por cometer actos de sabotaje, contrabando, divulgación de secretos de Estado, participación en las actividades de una organización extranjera catalogada como «indeseable», rehabilitación del nazismo, recibir y entregar sobornos, incumplimiento de órdenes en el Ejército y deserción. En total, alrededor de 30 tipos de delitos, cuyo castigo ya estaba contemplado antes en forma de multas o penas de cárcel, a los que ahora se une la confiscación de patrimonio. Podrán ser despojados de sus bienes no sólo quienes publiquen contenidos tipificados por esta ley, sino también las plataformas que tengan los derechos sobre los mismos y quienes lo traduzcan a otros idiomas.
El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, dijo que está dirigida contra «canallas y traidores, contra esos que hoy escupen a la espalda de nuestros soldados, contra los que han traicionado a su patria, contra quienes envían dinero a las fuerzas armadas de un país en guerra con nosotros».
Rusia sigue endureciendo las penas contra quienes se muestren críticos con la decisión de invadir Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces han sido aprobadas numerosas normas restrictivas para la libertad de expresión y el ejercicio de la libertad informativa que han llevado a la cárcel a decenas de opositores, periodistas y centenares de personas que expresaron en redes sociales puntos de vista contrarios a los que defiende el poder.
En marzo del año pasado, Putin exigió a los fiscales más mano dura. «Les pido que respondan con dureza a los intentos de los extremistas de desestabilizar la situación social y política en el país», dijo. La acusación de «extremismo» está permitiendo actuar a la Policía y a la Justicia rusas, no sólo contra grupos de corte yihadista, sino también contra organizaciones políticas opositoras, periodistas, blogueros y activistas contrarios a la invasión de Ucrania. El Fondo de Lucha contra la Corrupción, creado por Alexéi Navalni, que cumple una condena de 19 años de confinamiento en un penal en el Ártico, fue catalogada como «extremista» en 2021, pese a que su objetivo declarado fue siempre la lucha contra la corrupción.
Pocos días después de aquel pronunciamiento de Putin ante los fiscales, era detenido y acusado de espionaje el corresponsal en Rusia de ‘The Wall Street Journal’, Evan Gershkovich, todavía en prisión preventiva a la espera de que se presenten pruebas de su supuesto delito para enviar al juez.
La periodista ruso-norteamericana Alsu Kurmasheva, acusada de difundir «informaciones falsas» y de no darse de alta como «agente extranjero», también espera juicio. Varios corresponsales abandonaron Rusia tras el comienzo de la guerra. El 3 de febrero, durante una protesta junto al Kremlin de mujeres de movilizados para luchar en Ucrania, fueron arrestados periodistas rusos y occidentales, entre ellos reporteros de la agencias Afp y AP y la revista alemana ‘Spiegel’. Fueron puestos después en libertad. Algunos de los que no llegaron a ser detenidos, pero sí captados por las cámaras de reconocimiento facial, están siendo buscados por la Policía.
jueces de instrucción consideraron en su día que existían «fundadas sospechas» de que Muamar el Gadafi, el dictador libio –que murió linchado por su pueblo en octubre de 2011– financió parte de la campaña de Sarkozy, quien lo recibiría en el Elíseo con mucha pompa.
Sigue además la instrucción del caso de corrupción de Ziad Takieddine, el hombre de negocios franco-libanés de quién se sospecha que pudo ser intermediario entre Sarkozy y Gadafi. Los amigos del expresidente intentaron acallarlo con «promesas millonarias». Y también continúa la instrucción del caso de posible cobro de 500.000 euros de comisiones –¿ilegales?– que pudo pagar al expresidente un grupo ruso, Reso Garantia. La Justicia desea aclarar si Sarkozy se benefició de su condición de hombre de Estado para recibir una suma de esas condiciones por «meros consejos».
Nicolas Sarkozy ha estado implicado en otra media docena de escándalos, beneficiándose de sentencias clementes o absoluciones. Pero, en conjunto, los casos juzgados y por juzgar forman una tupida tela de araña que su esposa, Carla Bruni, no ha conseguido ‘limpiar’ de ninguna manera. Desde que comenzó la ‘saga fuga’ de los procesos, Bruni está muy presente en la imagen pública de la pareja. En vano.
La tarde del miércoles, Sarkozy apareció prudentemente solo al TdA, bronceado y sonriente. Tras la sentencia y confirmación de la condena, salió pitando sin hacer declaraciones, para volver a refugiarse en su suntuoso domicilio parisino, donde los fotógrafos son invitados a largarse por los policías que montan guardia a todas horas.
Devastador para la derecha
Más allá de su triste desventura, el caso Sarkozy tiene un alcance devastador para la derecha tradicional francesa, que un puesto tan capital tuvo en la historia del nacimiento y primeros cincuenta años de la historia de la V República. Tras su derrota en 2012 por François Hollande, las ‘cacerolas’ de Sarkozy complicaron profundamente el futuro de su partido, Los Republicanos (LR), cuyo candidato a la elección presidencial de 2017, François Fillon, su primer ministro, fue derrotado de manera humillante, hundido en sus escándalos propios.
Sin líderes históricos, LR iniciaron una larga e inconclusa marcha con destino desconocido. Según los últimos sondeos, el partido de Sarkozy apenas cuenta con un 8% de intención de voto en las elecciones europeas del próximo mes de junio, cuando Agrupación Nacional (extrema derecha), el partido de Marine Le Pen, tiene entre 28 y 29% de intenciones de voto.
Humillación histórica, la familia política del General De Gaulle, el patriarca fundador de la V República, en 1958, ha sido convertida en un grupúsculo que intenta «sobrevivir» en un incierto lugar entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. La condena de Sarkozy por corrupción agravará la incertidumbre de fondo.