Venezuela cierra la oficina de DD.HH. y expulsa a su personal por su «impropio papel»
El canciller venezolano, Yvan Gil, anunció ayer la decisión del Gobierno de «suspender las actividades» de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH. en el país, instalada en 2019, y ordenó la salida de su personal en 72 horas.
«Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país», dijo Gil, quien indicó que la decisión se mantendrá «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas», recogió el comunicado colgado por la cancillería en la red social X.
La decisión del Gobierno venezolano coincide con las denuncias del organismo por la desaparición forzada primero, y posterior confirmación de la detención, de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, que ha sido acusada por el régimen de traición a la patria y terrorismo.
El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que no hubo desaparición forzada y añadió que la detención se dio después de que San Miguel fue mencionada por uno de los militares detenidos por el caso Brazalete Blanco.
Traición a la patria
La Fiscalía chavista imputó a la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel y a su expareja, Alejandro González, de traición a la patria y terrorismo por su presunta conspiración contra Nicolás Maduro, unos delitos que tienen una pena de 30 años de prisión. El miércoles su residencia fue allanada por los agentes de la policía política del Sebin, en cuya sede del Helicoide se encuentra incomunicada San Miguel.
Cuatro de los cinco familiares arrestados el sábado pasado, incluida la hija Miranda de 24 años, fueron excarcelados este miércoles pero deben cumplir un régimen de presentación cada 15 días ante las autoridades judiciales.
La Embajada de España en Caracas realiza gestiones con el Gobierno de Maduro y más de diez organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron este miércoles para rechazar la detención de la abogada y exigir su liberación.