El Gobierno se reunió con bancos y telecos para regular medidas contra las estafas
▶ Transformación Digital constata las limitaciones técnicas y normativas para evitar estos casos
El Ministerio de Transformación Digital buscará tratar de poner coto a las estafas telefónicas de suplantación de identidad; esto son, por ejemplo, llamadas o mensajes en los que los delincuentes se hacen pasar por el banco para poder sustraer dinero de su cuenta. El departamento dirigido por José Luis Escrivá se ha reunido ya con empresas de telecomunicaciones y entidades financieras a través de la patronal AEB de cara a poder avanzar en una regulación que facilite evitar estos casos. En esas reuniones también han participado el Ministerio de Economía, el de Interior y las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Transformación Digital ha lanzado una consulta pública con la que va a recopilar posibles iniciativas normativas y mecanismos técnicos y operativos que ayuden a poner freno a las estafas telefónicas de suplantación de identidad. Esto es lo que se acordó en esas reuniones y de lo que se espera que salgan propuestas de medidas técnicas y regulatorias.
«Estas estafas usan llamadas telefónicas y mensajes de textos alarmantes en los que los delincuentes se hacen pasar por supuestos agentes de una empresa de servicios o un organismo público engañando al consumidor para que proporcione información personal y financiera confidencial, facilite sus claves personales o realice alguna acción», recuerda el ministerio de Escrivá.
Reconocen, asimismo, «importantes daños financieros y económicos a consumidores, empresas, entidades bancarias y organismos públicos» con estas estafas y es por ello que van a trabajar conjuntamente con el sector privado en establecer una regulación antiestafas. Fuentes financieras reconocen que es imposible erradicar las estafas, pero sí que existen mecanismos para tratar de minimizarlas, tanto desde el sector privado como del público. Desde el ministerio reconocen «las limitaciones que los implicados tienen para actuar, bajo el total compromiso por todos de luchar contra estas estafas».
La intención con esta consulta pública es «recabar toda la información para tomar las medidas que sean más apropiadas para atajar estas estafas». El ministerio, por el momento, no se inclina por medidas concretas sino que lo que ha iniciado ahora es un proceso de escucha.
Con las aportaciones que se reciban, Transformación Digital propondrá la adopción de las medidas de naturaleza normativa que, dentro de sus competencias, «puedan resultar más adecuadas y eficientes para prevenir y luchar contra estas estafas y prácticas fraudulentas, así como apoyar otras que empresas, operadores y otros organismos puedan poner en marcha».
Métodos de estafa
En cuanto a los métodos de estafa más habituales, la consulta pública destaca varios. En primer lugar, llamadas en nombre de una entidad financiera suplantando su representación, en la que se comunica al consumidor que ha habido movimientos sospechosos de ser fraude en su cuenta bancaria, dándole la oportunidad de transferir su dinero a una ‘cuenta segura’; en segundo lugar, llamadas o mensajes de texto suplantando a una administración pública, una empresa de servicios públicos o una empresa de transporte, solicitando al consumidor que realice un pago, acceda a una notificación o llame a un número de teléfono para concertar una cita o una entrega; en tercer lugar, llamadas suplantando a una empresa de tecnología de la que el consumidor es cliente que solicita acceso al ordenador; y en cuarto lugar, llamadas suplantando a una empresa de suministros de la que el consumidor es cliente para terminar ofreciendo cambios de suministro.
El ministerio, en el documento, destaca que estas estafas telefónicas «hacen mella en la confianza de los consumidores que, a raíz de la generalización de estas prácticas, desconfían de contestar llamadas y leer mensajes de texto, perjudicando a aquellas empresas y organismos que hacen uso de llamadas y mensajes de texto, legítimamente, como canal de comunicación».
Transformación Digital involucra también a Economía, Interior y las Fuerzas de Seguridad para diseñar la normativa