El rural gallego se echa a las calles y clama: «Ministro, escucha, el campo está en lucha»
▶ La Xunta reitera su apoyo al sector y su petición de pedir la moratoria de la legislación europea
Alrededor de 600 tractores y unas 4.000 personas se movilizaron ayer en 10 puntos de la Comunidad para evidenciar el «malestar» existente en el sector agroganadero y «reclamar soluciones» a problemas como los precios bajos y las exigencias derivadas de las legislaciones europeas, que son, denuncian, «requerimientos imposibles de cumplir». A principio de mes, cuando se celebraron en gran parte del país tractoradas multitudinarias, las asociaciones agrarias mayoritarias de Galicia optaron por esperar hasta después del 18F para no «mezclar movilizaciones y citas electorales», pero las de ayer sí que contaron con el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), Unións Agrarias (UUAA) y la Asociación Agraria de Galicia (ASAGA) como asociaciones convocantes. En cambio, de estas protestas, que coincidieron con la decimoquinta jornada de tractoradas a nivel nacional, se desmarcaron los grupos ganaderos de Orense y los lucenses de Agromuralla, que organizaron las realizadas las últimas semanas.
Lugo, Orense, Lalín, Compostela, La Coruña, Ortigueira, Vimianzo, A Gudiña, Ribadeo y Pedrafita fueron los lugares escogidos para llevar a cabo las movilizaciones, a las que instaron a acudir a todo el sector, «con el tractor o a pie». Se congregaron frente a enclaves estratégicos, como los edificios de la Xunta o las Subdelegaciones del Gobierno, y ocasionaron retenciones de tráfico, especialmente en A Gudiña, Pedrafita y en la capital, informó Ep.
Estas movilizaciones, en las que se pudo escuchar la proclama «Ministro, escucha, el campo está en lucha» –por Luis Planas, titular de la cartera de Agricultura–, se celebraron de forma simultánea en toda la cornisa cantábrica. Las organizaciones convocantes presentaron un decálogo de reivindicaciones en el que, entre otras cuestiones, muestran su rechazo a los tratados de libre comercio (Mercosur), que consideran que ponen «en peligro» la producción, y, en cambio, reclaman «priorizar» el producto nacional frente al de «terceros países que comercializan con la UE».
Además, el sector reclama la eliminación de la «burocratización asfixiante», que consideran que no se adapta a la realidad del rural gallego, como la obligatoriedad de mantener el cuaderno digital, el decreto de ordenación de explotaciones bovinas o el de fertilización sostenible de suelos. En esta línea, piden la «adaptación de los ecoesquemas de la Política Agraria Común (PAC) a la realidad de la agricultura y la ganadería gallegas», una reclamación que también han reiterado numerosas veces desde Medio Rural.
Asimismo, también reclaman precios más justos; la creación de la figura del mediador en la negociación de contratos; la remuneración de los daños ocasionados por la fauna salvaje (como lobos o jabalíes); mantener la reducción en el precio del gasóleo para el sector; o asegurar importes suficientes para atender todas las solicitudes de producción en ecológico, entre otros.
«Al lado» del sector
Por su parte, el conselleiro de Medio Rural en funciones, José González, reiteró ayer en declaraciones a los medios el mensaje que el Ejecutivo mantuvo a lo largo de todo el mes, asegurando que la Xunta «comprende» y «está al lado de las reivindicaciones del sector». «Dejémonos de tratar de despistar y fijémonos en lo que están reclamando nuestros agricultores y ganaderos», pidió, una cuestión que «sobre todo tiene que ver con la necesidad de abordar la modificación de la legislación europea». Una legislación, reiteró, que «se hizo de espaldas» al sector, «inasumible» para los ganaderos y agricultores gallegos y que está «poniendo en peligro la viabilidad económica de las explotaciones».
Un mensaje que el pasado lunes, en el marco del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, le volvió a trasladar al ministro Luis Planas, al que también le pidió que «fuese lo más contundente y claro posible» para defender esta postura ante la Comisión Europea en Bruselas. «Nosotros creemos que España, que es una potencia agroalimentaria, debe liderar la petición a Europa de una moratoria de esta legislación» hasta que «no se haga una reflexión estratégica del papel que tienen que tener la agricultura y la ganadería europeas en el conjunto de todo el territorio».