El PSOE de Armengol desafía al Gobierno y contradice su posición sobre el Sahara
▶ Impulsa una iniciativa en la que acusa al «régimen» marroquí de «ocupación ilegal»
El Sahara se vuelve a interponer en la fidelidad de Francina Armengol a Pedro Sánchez. El PSOE balear, liderado por la presidenta del Congreso, mantiene la defensa de la causa saharaui en contra del nuevo planteamiento del Gobierno, que apoya sin fisuras a Marruecos. El nuevo capítulo de esta discrepancia se está gestando en el Parlamento balear, donde los socialistas impulsan una proposición no de ley (PNL) conjunta para reclamar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. El documento, todavía en fase de enmiendas, busca una declaración institucional de la Cámara autonómica para que el Sahara Occidental sea considerado «un territorio no autónomo sometido al régimen de Marruecos». Exige, por tanto, el derecho a la autodeterminación de sus habitantes y el cese de la «ocupación ilegal» del territorio.
Esta iniciativa surge desde el intergrupo parlamentario denominado ‘Paz y Libertad en el Sahara Occidental’, que aglutina a casi todos los partidos con representación en el Parlamento de Baleares –PP, PSOE y los nacionalistas de Més per Mallorca y de Més per Menorca–, con la ausencia de Vox.
El texto inicial está propuesto por el diputado socialista de origen saharaui Omar Lamin, secretario de Derechos Humanos y Migraciones del Partido
Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE) y se registrará en la Cámara insular en los próximos días, cuando todas las formaciones hayan hecho sus aportaciones.
La proposición pide al Gobierno de Sánchez que adopte una postura «firme» ante los intentos de Marruecos de extender su ámbito de competencia en aguas próximas a Canarias e insta a las Naciones Unidas a promover el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui como una «solución justa y definitiva» del conflicto. Asimismo, propone otorgar un estatus diplomático al Frente Polisario como único y legítimo representante del pueblo saharaui.
Y Sánchez en Rabat
Esta iniciativa en Baleares, que supone para Sánchez un desafío en el seno de su propio partido, se gesta al mismo tiempo que el presidente del Gobierno ha vuelto a exhibir su compromiso con Marruecos. Sánchez viajó ayer hasta el país vecino y defendió los «profundos lazos» que le unen con España. Una postura que molesta entre sus filas baleares, que ayer prefirieron guardar silencio ante las preguntas de este diario.
Desde que en marzo de 2022 el presidente del Gobierno apoyó explícitamente a Marruecos, el PSIB-PSOE no ha tenido reparos en mostrar públicamente sus discrepancias y contradecir a su propio partido.
Armengol, ligada personalmente a la causa saharaui –apadrina desde hace una década a dos niños–, se ha declarado muchas veces abiertamente a favor de que sus ciudadanos «vivan en paz y en libertad». Hace justo un año, en febrero de 2023, incluso reconoció con el Premio Ramon Llull a la asociación Amigos del Pueblo Saharaui, otorgándole el máximo galardón de la comunidad autónoma cuando aún era presidenta balear. Además, apoyó públicamente un manifiesto en contra del «cambio de posición» de Pedro Sánchez.
Por su parte, Més per Mallorca, socios de Armengol durante sus dos legislaturas como presidenta de las islas, «condenan» sin ambages el «viraje de Sánchez y su Gobierno en materia de política exterior» y confirman a ABC que han introducido una enmienda en esta proposición no de ley para reclamar al Gobierno español «que vuelva a la política exterior anterior». Piden «la vuelta al consenso» anterior y que el Ejecutivo de Sánchez asuma su responsabilidad en la «descolonización» del Sahara, así como el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
MADRID
El juez de la Audiencia Nacional que investiga por terrorismo los disturbios de Tsunami, Manuel García-Castellón, propone a las autoridades de Suiza una reunión acerca de la causa en la que pueda explicar las dudas que les suscitan sus peticiones de cooperación jurídica internacional, expresadas este martes en una respuesta de la Oficina Federal de Justicia suiza que cerraba la puerta a proporcionarle datos de unas cuentas bancarias y el domicilio de la dirigente de ERC Marta Rovira. Quiere que se materialice la reunión que ya pidió sin éxito hace meses y que las comunicaciones se centralicen con el sistema Eurojust, al margen del ministerio español del ramo.
«Debemos participar a las autoridades suizas la oportunidad de realizar las comunicaciones a través Eurojust, a fin de poder dotar a la reunión de coordinación a la que se emplaza de la formalidad y agilidad necesaria, evitando la participación de la autoridad central española (el Ministerio de Justicia) para una cuestión de naturaleza estrictamente judicial», dice la resolución, notificada ayer.
Sobre la supuesta motivación política que apuntó este organismo suizo para paralizar la petición de colaboración jurídica del magistrado de la Audiencia Nacional, García-Castellón le recuerda que los convenios internacionales de lucha contra el terrorismo suscritos también por Suiza impiden a este país rehusar la colaboración con esos argumentos y deja caer que quizá «el sesgo político más bien atiende a la voluntad del responsable que recibe la comunicación».
institucional y también cualquier ciudadano de la UE. «Las comunidades autónomas no están exentas de cumplir con el Derecho de la Unión Europea. Y los tratados y convenios obligan sobre todo en materia de organizaciones internacionales, civiles o de defensa», concluyen las fuentes consultadas respecto a esta posibilidad.
«Tengo todo el tiempo»
Ahora bien, la intención del Ejecutivo de Sánchez es ignorar esta amenaza secesionista. El presidente del Gobierno y líder del PSOE restó importancia a la iniciativa materializada en una ILP. E incluso negó tajantemente, desde Rabat (Marruecos), que se trate de una provocación por parte de los de Puigdemont, mientras, en paralelo, negocian con los socialistas la aprobación de una amnistía que deja sin sanción los hechos delictivos de 2017.
En esta línea, Sánchez está plenamente convencido de que logrará aprobar la ley de amnistía que le exigen los secesionistas y que, consecuentemente, podrá agotar la legislatura hasta el año 2027. Así lo manifestó durante una conversación sin micrófonos con los periodistas que cubrían su visita oficial de ayer a Marruecos, donde fue recibido por el monarca del país vecino, Mohamed VI.
«Hasta 2027 tengo tiempo. Todo el del mundo», apuntó a bordo del avión que le llevó a la capital marroquí, al que llegó directamente desde la sesión de control en el Congreso en la que se sometió a las preguntas de Alberto Núñez Feijóo (PP) y de las portavoces de Junts y Bildu, Míriam Nogueras y Mertxe Aizpurua, respectivamente.
En cuanto a la prórroga de la tramitación de la ley de amnistía, que volverá a debatirse el próximo 7 de marzo, consideró que es algo «lógico», dado que aún no hay acuerdo y, de no haberse aplazado la fecha, hubiera decaído toda la reforma.