El futuro de Assange, en manos de dos jueces que en días decidirán sobre su extradición inmediata
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Dos jueces, Victoria Sharp y Justice Johnson, tienen en sus manos el que sin duda es uno de los casos más polémicos y mediáticos de su carrera, y cuya conclusión será decisiva para el futuro de Julian Assange, una vez concluida la vista de dos días en lo que supuso el último intento del fundador de Wikileaks, ante la Justicia británica, de evitar su extradición a los Estados Unidos. «La resolución del tribunal decidirá si Julian vive o muere», declaró Stella Morris, su esposa, debido al mal estado de salud de su marido, que se enfrentaría a una pena de hasta 175 años de prisión si se le considera culpable de los 17 delitos de espionaje de los que se le acusa.
La defensa de Assange expuso el martes que las motivaciones de las autoridades estadounidenses son políticas y, por tanto, la extradición no procede; pero este miércoles, los abogados que representan a EE.UU. acusaron al periodista australiano, de 52 años, de poner vidas en riesgo a través de la publicación de miles de documentos clasificados del Gobierno al que representan. Clair Dobbin, una de las abogadas, argumentó ante el tribunal que las acciones de Assange estaban lejos de ser las de un «periodista común» y dijo que, con la filtración masiva, no se dedicó a hacer un periodismo responsable.
Chelsea Manning
Dobbin afirmó que el juez que evaluó inicialmente el caso de Assange había rechazado de plano la idea de que debía ser tratado como periodista o editor, y lo acusó de haber buscado activamente material clasificado, para su publicación en el sitio web de WikiLeaks, en lugar de, simplemente, ser un receptor pasivo. Además hizo hincapié en que Chelsea Manning, la exsoldado estadounidense que proporcionó a Assange grandes cantidades de documentos clasificados, había actuado en respuesta a sus demandas y que, además, Assange la había incitado a robar y ayudado a descifrar contraseñas de los ordenadores del Departamento de Defensa de Estados Unidos para acceder a la información que luego publicó sin edición ninguna. También se le acusa de intentar reclutar a otros ‘hackers’ y filtradores de información clasificada.
Assange era consciente, dijo la letrada, de que esto podría poner en riesgo a personas que colaboraban con las autoridades, y provocó que algunas tuvieran que huir de sus hogares y países de origen, perdieran su empleo, sufrieran la congelación de activos por parte de los regímenes represivos de los países donde vivían o incluso fueran encarcelados, disputando así las afirmaciones hechas por la defensa de Assange de que los mencionados en el material filtrado no sufrieron daños. «Publicó de manera consciente e indiscriminada ante el mundo los nombres de individuos que actuaron como fuentes de información para EE.UU.», aseguró.
La abogada también llamó la atención ante los jueces del impacto global de las acciones de Assange, explicando que los materiales filtrados fueron utilizados por organizaciones terroristas y hostiles, incluyendo Al-Qaida, y defendió que el costo humano de estas revelaciones fue real, al poner en riesgo las vidas y la libertad de individuos en países como China, Irán o Siria. Y fue tajante en su argumento de que «son estos hechos fundamentales los que distinguen la posición del apelante de la de ‘The New York Times’ y otros medios de comunicación»; añadió que «es esto lo que forma la base objetiva de su enjuiciamiento. Son estos hechos, no sus opiniones políticas».
La decisión de los jueces se conocerá en los próximos días. Si Assange pierde, podría ser extraditado casi de forma inmediata, a menos que ponga en marcha un último recurso: una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tendría que ordenar al Reino Unido que no lo extradite mientras considera su caso. No obstante, desde el entorno de Assange se reconoce que esta opción requeriría presentar el caso en menos de 24 horas y no confían en las opciones de prosperar.
Por otro lado está el trabajo del Gobierno de Australia, que ha instado repetidamente a EE.UU. y al Reino Unido a poner fin a la que llaman la persecución de Assange. El primer ministro, Anthony Albanese, discutió el tema con el presidente Joe Biden, y el fiscal general Mark Dreyfus confirmó conversaciones con su homólogo estadounidense, Merrick Garland. Albanese señaló que, aunque no es el papel de Australia interferir en los procesos legales extranjeros, espera una resolución amigable, ya que considera insostenible que el proceso continúe indefinidamente, sobre todo considerando el delicado estado de salud de Assange.