Fincas, transferencias y paraísos fiscales: así se movió un pelotazo de 15 millones
▶ Parte de las plusvalías acabaron en un negocio de pizarra bajo sospecha
La sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas extrajo un beneficio del 32% sobre los fondos públicos que recibió a golpe de contratos con administraciones para el suministro de mascarillas. Esto se tradujo en ganancias de 15,1 millones de euros para los principales responsables en la sombra de la mercantil, según la investigación, los empresarios Víctor de Aldama –presidente del Zamora CF– y Juan Cueto, en espera de juicio por la trama en Angola de la semipública Defex. Sólo con los tres contratos que consiguieron en Transportes se embolsaron 5,5 y 9,6 millones de euros, respectivamente, «gracias a la intermediación» del que era asesor del entonces ministro del ramo José Luis Ábalos, Koldo García, quien «habría cobrado por ello».
Las plusvalías de las mascarillas se movieron desde Soluciones de Gestión a intereses de los dos empresarios relacionados. Según consta en un auto al que tuvo acceso ABC y relataba ya la Fiscalía Anticorrupción en la querella que desencadenó la causa judicial, parte de las ganancias fueron transferidas a una sociedad en Brasil para «dificultar el seguimiento y la trazabilidad del dinero». Otra parte viajó a una sociedad accionista a su vez de otra con sede en Luxemburgo, y también se produjeron inversiones en fincas rústicas en la comarca de Valdeorras (Orense).
Esas fincas fueron adquiridas por Soluciones de Gestión y después traspasadas a una empresa denominada Comercializadora Pizarras Santa Bárbara, del grupo que lidera Juan Carlos Cueto. De hecho, conforme detallaba la querella de Anticorrupción que dio lugar a la causa, «del análisis preliminar de los movimientos de las cuentas bancarias, cabe apuntar que parte de los fondos públicos investigados fueron invertidos en la puesta en marcha del ‘negocio de las pizarras’».
En esta operativa interviene además un subteniente de la Guardia Civil que estaba en activo y tenía destino en la sede del Ministerio de Transportes y que recibió cinco transferencias de 5.000 euros de parte del accionista mayoritario de Soluciones de Gestión y titular también de la mercantil de las pizarras, Íñigo Rotaeche, aunque el negocio es del grupo Cueto. A esa empresa pertenece además el Toyota que conducía ese agente del Instituto Armado, investigado. Y en esa comarca orensana se hospedaron en un viaje el agente y el propio Juan Cueto. Ambos, como revelaron las vigilancias y las escuchas en esta primera fase de la investigación, tienen relación con Koldo García.
Cueto y Aldama no se habían aliado para las mascarillas como un negocio puntual. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), les describe en sus informes como «colaboradores habituales» y constan «proyectos en común en el pasado», como la sociedad Businesscity, y también después de los contratos bajo sospecha. Comparten inversiones en Telefarmacia App , además del mencionado negocio de las pizarras. Aldama compró a Soluciones de Gestión parte de la titularidad sobre el mismo.
En cuanto al caso particular de Koldo García, los autos reflejan que él y su entorno «adquirieron varios inmuebles a partir de septiembre del año 2020, lo que pone de manifiesto el aumento de la capacidad de endeudamiento de esta familia, disparándose también en el mismo año las amortizaciones de préstamos e hipotecas». Al final del ejercicio sus propiedades inmobiliarias superaban el millón y medio de euros. «Del análisis de las cuentas de Koldo García, su mujer y su hija, resultan un total de 138.062 euros en efectivo sin justificación, más los 224.908 euros también ingresados en efectivo sin justificación en las cuentas de Joseba García», su hermano, según detalla Anticorrupción.
Los movimientos de dinero son la clave en la imputación de blanqueo de capitales que pesa en esta causa junto a delitos de cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública y de organización criminal. El resultado de las entradas y registros arrojará más luz sobre el alcance en cada uno de los 20 investigados.
Los empresarios Cueto y Aldama, que estaban tras la adjudicataria, eran para la ONIF «colaboradores habituales»