Los agricultores y el sector pesquero vuelven a salir a las calles de Madrid el lunes
▶ Se movilizan con motivo del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE
Las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA comunicaron ayer los detalles de su movilización en Madrid, prevista para el próximo lunes. Ese día «cientos de tractores» volverán pues a recorrer la capital, aunque esta vez convocados por las organizaciones ‘oficiales’, con las que negocia el Ministerio de Agricultura. Así lo anunciaron las tres convocantes que aseguraron que «miles de personas» procedentes de todos los puntos de España acompañarán a la caravana de tractores que se concentrará ante el edificio de la Comisión Europea, coincidiendo con la importante reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, donde debatirán posibles formas de garantizar respuestas rápidas y estructurales a la crisis actual a la que se enfrenta el sector agrario. Los manifestantes marcharán por las calles de la capital bajo el lema ‘El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento’.
«El campo español sigue manifestándose por todo el país y ahora llega el turno de Madrid», apuntaron. «Los ministros también deberán decidir sobre la flexibilización de la PAC normas de la condicionalidad reforzada) y la negociación de las cláusulas espejo, dos importantes asuntos que son vitales en las demandas de los productores» recuerdan las organizaciones, que insisten en que reclamarán «reformas esenciales» como un cambio en el funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, un sistema de seguros que responda a las necesidades de los productores y una fiscalidad acorde a los incrementos de costes que soporta el sector e inversiones urgentes en materia de regadíos.
Según informó la Delegación del Gobierno, desde las 9 de la mañana del lunes está previsto que se desplacen un total de cien tractores desde Arganda del Rey hasta el Ministerio de Agricultura. Llegados allí, se unirán los manifestantes a pie y discurrirán por el paseo del Prado, paseo de Recoletos y paseo de la Castellana; allí, en el número 46, se encuentra ubicada la Oficina en España del Parlamento Europeo, donde se realizará una concentración.
La pesca también protestará
A los agricultores y ganaderos se unirá también el lunes en las protestas el sector pesquero. En un comunicado suscrito por las patronales que representan al sector (Fedepesca, Apromar, Cepesca y Cofradías de Pescadores) explicaron que, con su participación en la manifestación, el sector de la pesca, el acuícola y de comercio especializado en alimentación «refuerza el respaldo que ha manifestado desde su inicio a las reivindicaciones comunes con los agricultores y los ganaderos y abre su perfil propio de problemas que han de resolverse, tales como la bajada del consumo de pescado o la indiferencia del Gobierno ante las reiteradas peticiones de reducción del IVA para su incentivación», dijeron.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida el pasado jueves que pone de relieve el «abuso de la temporalidad» que ha realizado la Administración pública española a lo largo de los últimos decenios, pero pide «prudencia» y no generar «falsas expectativas a corto plazo», ya que el pronunciamiento afecta solo a tres casos judicializados.
En este sentido, el principal sindicato del colectivo de funcionarios y de los 3,5 millones de empleados públicos de nuestro país rebaja las expectativas que en un principio se había elevado al conocer el contundente fallo de la Justicia comunitaria en el que al margen de constatar el abuso en la contratación temporal por parte de la Administración, también señala importantes deficiencias normativas para reprimir esta mala praxis por parte de los poderes públicos, y por última insta a que la Justicia española sentencie la conversión de interinos de larga duración en fijos ordinarios.
Aunque son más de un millón los empleados públicos con contrato temporal, los expertos juristas consultados por ABC descartan que el fallo del TJUE resulte en un cambio normativo de carácter general propiciado desde el organismo responsable, el Ministerio de Función Pública, sino que serán los tribunales los que deberán ir estudiando «caso por caso», tal y como advierte el socio director de Labormatters Abogados, Alfredo Aspra.
«Como hemos venido denunciando, los procesos selectivos realizados en el pasado no han sido garantía para la estabilización del empleo público, por su lentitud y porque en muchos casos ni siquiera se han llegado a ejecutar. Las medidas disuasorias tampoco han sido efectivas», lamentó el sindicato CSIF ayer en un comunicado en el que exige «endurecer la responsabilidad de las administraciones que no cumplan y eliminar de una vez la tasa de reposición».
La sentencia, por otra parte, establece que los tribunales españoles tienen la posibilidad de modificar la jurisprudencia para atender situaciones como las de los tres casos de personal laboral indefinido no fijo analizados por el TJUE. «Pedimos, por tanto, prudencia y que no se generen falsas expectativas a corto plazo. La sentencia se refiere únicamente a los casos analizados por este tribunal», avisó CSIF.
En este punto, los representantes del colectivo de empleados públicos reclaman a las administraciones españolas que la interinidad en la Función Pública no supere el 8% a partir del 31 de diciembre de 2024 «tal y como marca la ley», según denunció ayer tras la sentencia de ayer del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en la que pone en evidencia el abuso de la contratación temporal durante los «últimos decenios».
El sindicato presidido por Miguel Borra expresaba así su preocupación porque la temporalidad en las administraciones «sigue estancada» en el 30%, tomando como referencia los datos de la EPA y reiteraba que los procesos selectivos realizados en el pasado no han sido garantía para la estabilización del empleo público.
De hecho, desde el sindicato vienen reclamando al Gobierno que no levante el acelerador en las Ofertas Públicas de Empleo, que han alcanzo niveles récord en los últimos ejercicios, pero que por la lentitud para la adjudicación de plazas junto al incremento paulatino de las salidas por jubilaciones no logran cerrar la brecha de personal en la Administración.