Ribera prepara el asalto del sector eléctrico desde la ‘gatera’ de la Comisión de Energía
El Ministerio de Transición Ecológica es la cabeza de puente del Gobierno para intervenir las energéticas, llegando incluso a condicionar sus futuras operaciones corporativas. Todo ello desde la apariencia de legalidad y normalidad de una revivida Comisión de la Energía desde donde enchufar a lo más granado del PSOE S. A. ministra viera prosperar su sueño de marchar a la vicepresidencia de la Comisión Europea siguiendo la estela de Nadia Calviño. Ya ven, Fráncfort nos acaba de quitar la sede de la Oficina Antiblanqueo de Europa, pero España sigue siendo una potencia exportadora de burócratas al otro lado del muro.
Parece claro pues, que el Gobierno quiere el control de la CNE y si, además, esta se convierte en aparcadero de personas con determinados perfiles políticos, el intervencionismo está asegurado. Los candidatos que suenan para presidirla son de todo menos independientes. Además de Bacigalupo –si me apuran, amigo del presidente Sánchez antes que esposo de la ministra–, está la segunda preferida de la ministra, María Jesús Martín (prácticamente toda su carrera en el Ministerio de Medioambiente, hoy consejera de la CNMC); también, Maite
Costa, que sería el mejor ejemplo de la vuelta al pasado del organismo ya que fue presidenta de la antigua CNE; la propuesta catalana vendría de la mano de Pep Salas Prat, candidato por ERC y poco conocimiento del sector; y, por último, la que contaba con todas las papeletas pero... ya no: Natalia Fabra, defensora a ultranza de los hidrocarburos e ideóloga de la reforma eléctrica de Ribera –que al final tumbó Europa–, y que paradójicamente fuera asesora en paralelo de la reforma en Francia que, junto con Alemania, rechazó la española. La ‘vice-eco’ considera hoy a Fabra (de familia convenientemente ligada años ha al PSOE, es hija de Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica, y hermana del también Jorge Fabra, el recién huido de la oficina de reparto de los fondos UE) un ‘electrón libre’, por irse postulando por su cuenta a riesgo para el puesto que pudiera dejar Ribera, que la vetaría igualmente para presidir la CNE si no se marcha a Bruselas.
El Ejecutivo parece haber aprendido la lección de lo ocurrido con el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, y ahora prefiere meter en vereda a los ‘rebeldes’ desde una muy independiente
CNE; una mordaza y un látigo legal al unísono con el que repartir palo y zanahoria en una legislatura que echa chispas. Sobra decir que los puestos de consejeros son otra perita en dulce para separatistas y nacionalistas; una moneda de canje perfecta para ganar adhesiones a un programa de Gobierno que está escrito en la arena y que, está claro, solo tiene un objetivo compartido: dejar a oscuras al PP. Igual se les enciende la bombilla en Génova y prestan atención a una reforma que amenaza con electrocutar al sector privado.