El Supremo de Estados Unidos debate los límites a la libertad de expresión en las redes sociales
▶ Los jueces deben dictaminar si las tecnológicas pueden decidir qué se publica
Los nueve jueces del Tribunal Supremo de EE.UU. se reunieron ayer para escuchar los argumentos orales sobre dos casos con un impacto tremendo en algunas de las grandes tecnológicas y en una forma fundamental de comunicación y expresión contemporánea: si la moderación de contenidos en las redes sociales es una forma de libertad de expresión de las propias compañías o una forma de censura.
Los magistrados se fajaron con el asunto durante una larga sesión de cuatro horas, sin apariencia de llegar a una conclusión clara sobre ello y sin una indicación concluyente sobre qué decisión tomarán al respecto, algo que no se espera al menos hasta junio.
La vista oral trató dos leyes aprobadas en 2021 en estados de implantación republicana –Florida y Texas– como respuesta al enfado de líderes políticos y votantes por lo que consideraban un trato discriminatorio contra las opiniones conservadoras por parte de gigantes tecnológicos como Facebook, Twitter –ahora X– o YouTube.
Callar a Donald Trump
El caso más conocido y que provocó una mayor reacción fue la suspensión de las cuentas de Donald Trump, entonces en sus últimos días en la Casa Blanca, tras los comentarios que hizo durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Florida aprobó una ley que impedía que se suspendiera la cuenta de candidatos políticos. «Si los censores de las grandes tecnológicas aplican sus normas de forma desigual, para discriminar a favor de la ideología de Silicon Valley, ahora los vamos a hacer responsables», dijo entonces el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis.
Por su parte, Texas optó por una ley más amplia, que impedía a las redes sociales con más de 50 millones de usuarios eliminar contenido en función de la visión expresada.
Estas leyes se impulsaron dentro de una fuerte división en EE.UU. sobre qué deben hacer las redes sociales con el contenido que los usuarios comparten en sus plataformas. Los sectores progresistas exigían más supervisión y más eliminación de contenido que sea abusivo, desde expresiones de odio a conductas abusivas. Los conservadores, al contrario, exigían más libertad para que no se dificultara su capacidad de compartir ideas. Ambas leyes fueron recurridas en tribunales inferiores y han acabado en el Supremo, que tiene una mayoría conservadora.
Pero, por lo visto en la sesión de ayer, los jueces no tenían una idea clara de cómo resolver el asunto: ¿son las redes sociales una ‘plaza pública’, donde hay que priorizar la libertad de expresión de los usuarios, o son algo que se parece a medios de comunicación, que tienen su propia libertad de expresión para decidir qué se publica?
Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito parecieron más inclinados hacia la posición de Florida y Texas. Este último se preguntó si la «moderación de los contenidos» es un «eufemismo de censura». Pero otro juez conservador, Brett Kavanaugh, mantuvo la posición, siguiendo precedentes del tribunal, de que es censura cuando implica al Gobierno. «Cuando pienso en algo ‘orwelliano’, pienso en el Estado, no en individuos», dijo.
La posición que defendieron las compañías, representadas por abogados de una coalición llamada NetChoice, es que si las redes sociales no tuvieran esa capacidad de moderación –la posibilidad de bloquear o suspender contenidos o usuarios, la capacidad de priorizar mensajes o incluir contexto a otros– sus plataformas serían un cúmulo de ‘spam’, comportamiento abusivo, extremismo y discurso de odio.
Entre las muchas preocupaciones de los jueces, el presidente del tribunal, John Roberts, compartió lo problemático de que «el Estado regule lo que hemos llamado la plaza pública moderna»; en relación a las redes sociales. Y la juez Amy Coney Barrett advirtió del «campo de minas» que una resolución puede causar en este asunto, porque puede afectar a cómo se regulan otras plataformas tecnológicas, desde los proveedores de correo electrónico hasta las aplicaciones de transporte privado. La progresista Sonia Sotomayor o el propio Alito, se mostraron inclinados a devolver el asunto a tribunales inferiores para que clarifiquen y delimiten más los casos.