El Congreso rechaza la ley de Vox para despolitizar el CGPJ en plena negociación en Bruselas
▶ El PSOE apoya debatir la ley de secretos oficiales del PNV, que pide que luego no se prorrogue ‘sine die’
El sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces cuyo mandato caducó hace más de un lustro, volvió a someterse ayer a examen en el Congreso. El Pleno rechazó tomar en consideración una proposición de ley de Vox para reformarlo y que los doce miembros procedentes de la carrera judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados, y no por el Parlamento, como sucede ahora. La iniciativa ha pasado ya por varios colores, del naranja de Ciudadanos
al azul del PP, pasando ahora por el verde de Vox, pero el rojo del PSOE, entremezclado con el arcoíris de apoyos que sostienen a Pedro Sánchez, evitó nuevamente que esta propuesta avance un solo paso.
El CGPJ está compuesto por 20 vocales, 12 elegidos entre jueces y magistrados y ocho, entre juristas de reconocido prestigio. La Constitución prevé que estos últimos los elijan el Congreso y el Senado –cuatro cada cámara– con una mayoría cualificada de tres quintos. Inicialmente, los otros 12 los seleccionaban directamente los propios jueces y magistrados, pero en 1985 se cambió la ley para que también los designe el Parlamento, que nombra a los 20 integrantes del órgano.
Desde diciembre del 2018 no se ha alcanzado la mayoría de tres quintos necesaria para renovar a los vocales, por lo que el actual CGPJ dobla el plazo de cinco años que debería durar su mandato, según consagra la Carta Magna. En septiembre del 2020 ya se debatió una propuesta de Ciudadanos para «despolitizarlo» y en mayo del año pasado, otra similar del PP. Ambas fueron rechazadas, al igual que otra intentona previa de Vox en una enmienda de totalidad a la reforma del PSOE y sus socios para impedir que el CGPJ haga nombramientos cuando esté en funciones, como ocurre ahora.
El diputado de Vox Javier Ortega
Smith defendió la propuesta de su partido y reivindicó que es necesaria para «preservar» la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes. Pero ni siquiera se mostró convencido durante el debate un PP que, pese a compartir el fondo, ve aspectos mejorables en lo tocante a la Junta Electoral, las candidaturas, los plazos, las sustituciones de vocales, la circunscripción única que plantea Vox y el régimen de incompatibilidades, a pesar de lo cual apoyó la iniciativa.
«Proponen una división por categorías incongruente», dijo Fernando de Rosa, del PP, en alusión al planteamiento de Vox, que sugiere que, de los doce vocales de la carrera judicial, tres deban ser miembros del Tribunal Supremo, seis magistrados y tres jueces. Además, los populares acusan a la formación de Santiago Abascal de «copiar y pegar» la ley de 1980 como si la carrera judicial no hubiese cambiado «en cuarenta años». El PP en su iniciativa, por ejemplo, apostaba por la paridad entre hombres y mujeres.
En el debate, se visualizó también un rifirrafe entre el PP y el PSOE, en plena negociación en Bruselas, con mediación europea, donde el Gobierno y los populares exploran un posible acuerdo para desbloquear el CGPJ. Génova reclama precisamente, a cambio, un nuevo sistema de elección. «Cumplan con la Constitución y desbloqueen la elección de los vocales del CGPJ», le espetó el socialista Francisco Lucas a la bancada popular. Mientras, a su izquierda, Verónica Martínez, de Sumar, le presionaba a él para abordar una reducción de las mayorías necesarias para elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, algo ya planteado por PSOE y Unidas Podemos la pasada legislatura y paralizado por la reacción europea.
«Es una ley franquista»
Antes de ese punto, Mikel Legarda, diputado del PNV, había subido a la tribuna a defender la toma en consideración de la reforma de la ley sobre Secretos Oficiales que su partido intenta impulsar en el Congreso desde 2016. Legarda explicó que su propuesta delimita la desclasificación de los secretos oficiales en un plazo de 25 años, con una eventual prórroga excepcional de otra década, así como la desclasificación de las materias calificadas como reservadas a los diez años.
La iniciativa del PNV también establece que aquellas materias clasificadas que a la entrada en vigor de la ley hubieran cumplido estos plazos establecidos quedarán automáticamente desclasificadas. Esto serviría para conocer los documentos ocultos del golpe de Estado del 23F de 1981 o los relativos a los GAL. En la anterior legislatura, esta reforma ya pasó el primer trámite de la Cámara Baja, sin embargo, quedó bloqueada en un cajón durante su tramitación.
Los peneuvistas confían en que en esta quinta ocasión salga adelante para «acabar con una ley franquista» y que el Gobierno «no tenga la tentación de dejar morir este asunto como en tantas ocasiones en el pasado». De hecho, a pesar de que fue un compromiso de investidura, el PNV no se fía de las intenciones del Ejecutivo. La ley vigente sobre secretos oficiales es de 1968, está firmada por Francisco Franco y da potestad para decidir las desclasificaciones a un órgano que proviene de la dictadura y ya ni existe: el Consejo Nacional del Movimiento. El PSOE y los socios de investidura apoyaron ayer esta iniciativa en su primer trámite parlamentario, mientras que PP y Vox votaron en contra.
Por su parte, Podemos impulsó en el pleno una proposición no de ley para instar al Gobierno a romper relaciones con Israel y que exija un alto al fuego desde España. Quieren retratar al PSOE. Se votará mañana por puntos a petición de los socialistas y no de forma íntegra. Sumar dijo que la apoya.
Podemos impulsa una iniciativa para instar al Gobierno a que rompa relaciones con Israel e intentar retratar al PSOE
El PP apoya la iniciativa, pero critica a Vox por «copiar y pegar» la ley de 1980 sobre el sistema de elección del Consejo