Los concursos de obra pública con un solo licitador se disparan en plena ejecución de fondos UE
▶ Los constructores avisan de que el poco interés de las empresas levanta las sospechas de Europa
El lustro de oro que la construcción esperaba acaparar con los fondos europeos de recuperación, con un auténtico maná de obras públicas, está resultando decepcionante para el sector. Las licitaciones y el dinero para nuevos proyectos se han multiplicado, pero el nuevo El Dorado ha coincidido con una etapa de mucha inestabilidad para los costes de las empresas por las distintas tensiones en el comercio mundial que han elevado los precios de los suministros a niveles sin precedentes. El Gobierno salió al rescate durante un año con un mecanismo excepcional de revisión de precios para los contratos públicos, pero desde marzo de 2023, las compañías tienen que acudir a las licitaciones a pecho descubierto sin ninguna seguridad de poder rentabilizar los trabajos. Las consecuencias ya dan escalofríos y Europa las sigue de cerca: en los últimos cuatro años, el valor de los concursos a los que solo se ha presentado una empresa se ha cuadruplicado.
Las cifras son ilustrativas. Durante el año pasado, hasta 4.875 contratos fueron concedidos a empresas que se presentaron en solitario a los concursos de obra pública en las diferentes escalas de la Administración, según los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon). Son obras que ascienden a un valor de 1.213 millones de euros, lo que es cuatro veces más que los 315 millones que se adjudicaron a empresas que pujaron solas en concursos públicos en 2019.
Los datos son preocupantes, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de contratos a cargo de fondos europeos que se han podido conceder en esas condiciones. Con este propulsor, el número de licitaciones se ha duplicado desde 2019 hasta los 17.000 millones de euros licitados en 2023 y todavía hay que sumar los concursos que están por llegar y que tienen que ejecutarse antes de 2026, como así está comprometido con la Comisión Europea.
Hay más datos que alarman a la construcción. Porque, de manera general, el número de licitantes que se presentan a los concursos ha caído en picado. Desde 2019 se han desplomado un 63%: ahora acuden una media de 4,3 empresas frente a las 6,99 de antes de la pandemia, según los datos disponibles en el propio portal del ente de Hacienda.
Fuentes del sector de la construcción atribuyen la coyuntura a que «no se están sacando los contratos a precios reales de mercado y no se le está dando estabilidad a los precios al no contar con sistema de reequilibrio y no tocar la ley de desindexación». Y añaden una arista más al asunto que puede ser problemática para España. Aseguran que los altos niveles de concursos de obras públicas a los que se presentan una sola empresa en España pueden hacer levantar sospechas a Bruselas. «Bien sea porque pueda interpretar
4.875
contratos de obra pública fueron concedidos a empresas que se presentaron en solitario a licitaciones. Estos concursos ascienden a un valor de 1.213 millones de euros. que hay licitaciones que están mal confeccionadas con precios que no se ajustan a la realidad, o porque puede ser indicio de un contrato fraudulento», detallan. A esto se añade el nivel de licitaciones que quedan desiertas, que ascienden al 10% como ya contó este periódico.
Encargos a medios propios
Por si fueran pocos los motivos, al escaso interés que despiertan las licitaciones en el sector privado, se suma que las Administraciones están abusando de medios propios para dar salida a las obras. La voz de alarma, la dio precisamente la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). La gran patronal del sector, denunció la semana pasada que de 2021 a 2022 el uso de medios propios por parte de las administraciones para ejecutar contratos públicos creció un 77%, pasando de 1.888 a 3.346 encargos.
Son datos que la patronal ha extraído del informe La publicidad de los encargos a medios propios, elaborado por la propia Oirescon, que ponen además en perspectiva el aumento de los trabajos encomendados a empresas públicas. En 2018 se publicaron encargos a medios propios por importe de 3 millones de euros, mientras que en 2022 ascendieron a 2.631 millones de euros.
Tragsa, la que más
El informe de Oirescon ubica a Tragsa, perteneciente a la SEPI, como mayor beneficiario de contratos públicos en 2022 al sumar más de 668 millones, el 25% del total de trabajos encargados por Estado, autonomías y ayuntamientos a medios propios. Le sigue su filial Tragsatec con 400 millones, el 15% del total. El podio lo cierra Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, que en 2022 acumuló encargos de las Administraciones por valor de 300 millones de euros, el 11,43%.
Para la construcción el abuso de los medios propios supone «una auténtica irresponsabilidad» que elimina el principio de libre concurrencia y capacidad y «aboca a la disolución o al concurso de acreedores» a miles de compañías del sector, compuesto en más de un 95% por pequeñas y medianas empresas y por autónomos.
MADRID
El Foro de la Industria Nuclear Española ha presentado alegaciones conjuntas y compartidas por todos los titulares de las centrales nucleares españolas al proyecto de real decreto publicado a principios de enero por Transición Ecológica que pretende subir «unilateralmente» un 39,6% la tasa que abonan a la empresa pública Enresa para la gestión de los residuos, desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares. En concreto, la ‘tasa Enresa’, que supone un desembolso anual de unos 450 millones de euros, pasaría de 7,98 euros por MWh producido a 11,14 euros.
Foro Nuclear ya había denunciado que el nuevo plan de gestión de residuos radioactivos «suponía un coste muy superior al previsto inicialmente debido a nuevas soluciones adoptadas y falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas». Y subrayaba que «en ningún caso estos extra costes deberían imputarse a las centrales».
El incremento de este coste «supone un cambio sustancial de las condiciones en las que se alcanzó el acuerdo de Protocolo de Intenciones de 2019 con respecto a la ‘tasa Enresa’ que ahora se pretende incrementar en un 40% a través del proyecto de real decreto».
Foro Nuclear recuerda que las centrales nucleares españolas están sometidas a «una carga fiscal excesiva, discriminatoria e incluso en algunos casos redundante, que penaliza el funcionamiento y la gestión de las mismas. Cualquier incremento adicional de impuestos y tasas comprometería su viabilidad económica en un momento en el que las centrales nucleares resultan esenciales en la transición energética por la garantía de suministro que ofrecen y la no emisión de CO2 teniendo en cuenta, además, los retrasos en los desarrollos eólicos y los proyectos de bombeo como almacenamiento».
Sobre este asunto, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, dijo ayer que no ve la necesidad de que se adecúe la tasa que las eléctricas propietarias de nucleares pagan a la Enresa por la gestión de los residuos nucleares, pues «ya fue adecuada hace poco tiempo».
Asimismo, el Foro Nuclear ha presentado también un recurso contencioso administrativo contra el VII Plan General de Residuos Radiactivos y otro contra el abandono del Almacén Temporal Centralizado (ATC).