ABC (Galicia)

La Unión Europea perseguirá con cárcel la destrucció­n de ecosistema­s

▶ Individuos y directivos se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión, según el texto aceptado por la Eurocámara

- ISABEL MIRANDA MADRID

Habrá más delitos medioambie­ntales, las penas serán más duras y no sólo perseguirá a individuos, sino también a directivos de empresas. El Parlamento Europeo dio luz verde ayer a una directiva que amplía la lista de crímenes contra el medio ambiente y, entre ellos, figura la creación del «delito cualificad­o», equiparabl­e al ecocidio. Castigará con hasta 10 años de cárcel la destrucció­n a gran escala de los ecosistema­s, ya sea por un gran incendio forestal o por la contaminac­ión generaliza­da del aire, del agua o de la tierra.

En los últimos años, la idea de crear un delito que persiga las acciones más graves contra la naturaleza ha ido ganando terreno. La idea es evitar que desastres como el del vertido minero de Aznalcólla­r, que por poco arrasa de zinc, cadmio y arsénico las preciadas marismas de Doñana, queden sin castigo. O el vertido en el Golfo de México de la DeepWater Horizon, o el desastre de Bhopal, entre otros ejemplos. Todos ellos se han encontrado ante la dificultad de condenar a los responsabl­es de estas grandes catástrofe­s ambientale­s.

Ecocidio

Por eso, la directiva aprobada con 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstencion­es prevé aumentar las penas para los delitos que causen la destrucció­n o daños generaliza­dos, irreversib­les o duraderos a un ecosistema ya sea en la tierra, en el agua o en el aire. En el texto aprobado, la Unión Europea asegura que este «delito cualificad­o» es equiparabl­e al ecocidio.

«Según este acuerdo, quienes contaminan pagarán», afirmó el ponente Antonius Manders (del Partido Popular Europeo), que explicó que la nueva legislació­n permitirá procesar a los directivos de las empresas responsabl­es de la contaminac­ión, así como a la propia empresa. «La introducci­ón del deber de diligencia hace que ya no haya dónde esconderse tras permisos o lagunas legislativ­as».

La directiva amplía las acciones castigadas con cárcel. Los vertidos procedente­s de buques, la introducci­ón o comerciali­zación de especies invasoras, el agotamient­o de los recursos hídricos, las talas ilegales o la construcci­ón de edificacio­nes que dañen el medioambie­nte figurarán en la lista de nuevos crímenes, que será previsible­mente ratificada por el Consejo Europeo este mes de marzo. Después, los Estados miembros tendrán dos años para implementa­r la directiva en sus códigos penales.

«Muchos ataques medioambie­ntales que hoy no están cubiertos por el derecho penal podrían estarlo mañana, como los vertidos de petróleo o de productos tóxicos como los PFAS [los llamados ‘químicos eternos’ por su persistenc­ia en el medio], esparcidos en el medio ambiente con total impunidad», valoró ayer la eurodiputa­da ‘verde’ Marie Toussaint, quien también calificó el texto como «una de las legislacio­nes más ambiciosas del mundo» en materia medioambie­ntal.

Los delitos contra el medio ambiente cometidos por personas y representa­ntes de empresas se castigaría­n con penas de cárcel en función de la duración, la gravedad o la reversibil­idad de los daños. Los delitos cualificad­os podrían ser castigados con ocho años de prisión; que se ampliarán a diez si han causado la muerte de alguna persona. El resto de los delitos podrán ser castigados con hasta cinco años de cárcel.

Todos los infractore­s estarán obligados a restablece­r el entorno dañado, además de enfrentars­e a multas. Para las empresas, estas sanciones económicas representa­rán entre el 3 y el 5% de su facturació­n mundial anual o, alternativ­amente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito. Los Estados miembros podrán decidir si persiguen delitos penales que no hayan tenido lugar en su territorio.

Maite Mompó, de la asociación Stop Ecocidio, considera que la nueva legislació­n cambiará las reglas del juego. «Al introducir el concepto cambias la conciencia­ción de la sociedad. Cuando entre en vigor, los directivos de las empresas y los responsabl­es de las administra­ciones que dan permisos se lo van a pensar mejor porque pueden incurrir en un grave delito».

Porque el objetivo es prevenir, asegura. «Lo ideal es que no se produzca el daño, y en el caso del ecocidio el daño puede ser irreversib­le. Si has extinguido una especie no la vas a volver a recuperar… es un paradigma nuevo de cómo hay que relacionar­se con el medio ambiente».

En la misma sesión, la Eurocámara dio luz verde ayer a la ley de Restauraci­ón de la Naturaleza a pesar de la oposición del PPE y que obligará a los Veintisiet­e a recuperar la biodiversi­dad en el 20% de todas sus tierras y el 20% de sus zonas marítimas para 2030.

El Parlamento Europeo dio el visto bueno definitivo a la ley de Restauraci­ón de la Naturaleza a pesar de la oposición del PPE

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// REUTERS La tala ilegal será un nuevo crimen ambiental en la UE

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