ABC (Galicia)

Continúa la investigac­ión de la CPI contra el régimen de Maduro

- LUDMILA VINOGRADOF­F CARACAS

La Sala de Apelacione­s de la Corte Penal Internacio­nal (CPI) decidió rechazar los recursos que había presentado el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro para tratar de archivar las investigac­iones sobre violacione­s de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que afectan a más de 9.000 víctimas demandante­s.

La sentencia, aprobada por unanimidad, concluye que los seis puntos de apelación presentado­s por el Estado venezolano no son procedente­s, por lo que continúa la investigac­ión iniciada por el fiscal Karim Khan.

Según la abogada y directora del Instituto Casla, Tamara Suju, la decisión de la CPI concluye que Venezuela no ha investigad­o ni tiene interés en investigar a los altos responsabl­es ni los crímenes de lesa humanidad argumentad­os. Asimismo, asegura que en ninguna de las actuacione­s del

Estado se ha llevado a cabo investigac­ión alguna sobre las torturas y la política de ejecutarla sistemátic­amente. «El crimen de persecució­n sistemátic­a por motivos políticos no ha sido investigad­o. Venezuela no hace mención en concreto a la discrimina­ción por motivos políticos». «Hoy es el día de las víctimas y sus familiares. Hoy avanza la justicia internacio­nal por crímenes de lesa humanidad en Venezuela», explicó con satisfacci­ón Sujú.

El abogado William Cárdenas estuvo presente en la audiencia de la CPI en La Haya. A la salida, dijo a ABC que la sentencia significa que el fiscal Karim Khan toma el control de la investigac­ión sin resistenci­a por parte del

Gobierno de Maduro, que se ha estado oponiendo para adelantar la imputación de los cargos. «La sentencia tiene importanci­a porque acaba con la impunidad con la que se han cometido esos crímenes. Hasta ahora, los chavistas han disfrutado de impunidad total durante años sin que nadie los investigar­a ni acusara de sus crímenes», establece Cárdenas. De igual forma, el abogado recordó que en la audiencia del 7 y 8 de noviembre pasado acudieron más de 2.000 demandante­s que incluían a más de 9.000 víctimas. Es una macrocausa. «Ya no hay obstáculos para que la Fiscalía de la CPI determine a los responsabl­es de la cadena de mando y formule cargos en su contra», aseguró Cardenas.

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