Vox acude al Constitucional para intentar frenar la amnistía

Los 33 diputados de Vox presentaron ayer un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) por considerar que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, vulneró sus derechos al decidir que la ley de amnistía regresase a la Comisión de Justicia a pesar de que la mayoría del Pleno rechazó la votación de conjunto de la norma. En el partido creen que la iniciativa debería haber decaído y piden ahora una medida cautelarísima para que se suspenda la sesión en comisión de mañana, en la que el órgano debe emitir otro dictamen para elevarlo de nuevo a la totalidad de sus señorías.

El artículo 131.2 del Reglamento del Congreso establece que en la votación final de una ley orgánica, como es la de amnistía a los encausados por el ‘procés’, se requiere de la mayoría absoluta de la Cámara Baja para que la norma vea luz verde y sea enviada al

Senado. «Si, por el contrario, aquella no se consiguiese, el proyecto será devuelto a la comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes», añade el citado precepto. Armengol, en virtud del mismo, decidió que la ley de amnistía, cuando fue rechazada el 30 de enero por el Pleno, regresase a la Comisión de Justicia.

No obstante, Vox cree que la presidenta del Congreso hizo una interpretación torticera del Reglamento. El jefe del partido en Europa, Jorge Buxadé, explicó en rueda de prensa, en la sede nacional de la formación, en la madrileña calle de Bambú, que la proposición de ley debería haber decaído al no conseguir ni siquiera una mayoría simple en esa votación. Vox interpreta que esa cláusula del artículo 131 está prevista para los casos en los que, habiendo una mayoría a favor de la ley, no se alcanza la requerida mayoría absoluta. Al posicionarse Junts en contra de la votación de conjunto, el Pleno rechazó la ley con 179 noes y 171 síes.

En el recurso de amparo, los diputados de Vox solo aluden a la cuestión formal de si el artículo 131 del Reglamento permite, como hizo Armengol, devolver a comisión una ley orgánica que no solo no alcanza la mayoría absoluta exigida, sino que obtiene más votos en contra que a favor. La formación esquiva a propósito cualquier alusión a la posible inconstitucionalidad de la norma porque, según dijo Buxadé, no confían en un TC «politizado».