Ofensiva de los dueños de pisos turísticos: harán un «buzoneo masivo» para limpiar su imagen
▶ Buscan desterrar «falsos prejuicios» y explicar a los vecinos de Santiago las «ventajas» de este tipo de alojamientos
Mientras el Concello de Santiago sigue sin dar pasos adelante en la ordenanza que debe aclarar qué pasará con las viviendas de uso turístico (VUT) que funcionaban en la ciudad antes de su prohibición el pasado invierno —había unas 900 inscritas en el registro oficial de la Xunta—, los dueños de estos pisos han decidido pasar a la ofensiva. Hartos de tener sus propiedades paradas, sin obtener beneficios y sin conocer el futuro que les espera, el colectivo ‘buzoneará’ de forma masiva en los próximos días a los vecinos de la ciudad para informarlos de las bondades que, consideran, ofrece este modelo de negocio a la capital gallega.
El folleto que miles de compostelanos recibirán en sus casas explica que las viviendas turísticas están sufriendo una «campaña de desprestigio»; y les preguntan dónde se alojan ellos cuando viajan y si su intención es molestar a los vecinos cuando llegan a estos destinos. A través de este mensaje, en el que tratan de desprenderse de «falsos prejuicios», los dueños de VUT en la capital gallega apelan a la ciudadanía con ideas como que «un apartamento turístico no supone más gastos para una comunidad de vecinos»; o que «a día de hoy gran parte de la sociedad puede hacer viajes porque existe este modelo de alojamiento». Tampoco pasa por alto el escrito, del que se repartirán 15.000 copias, los «beneficios» de las VUT para una capital como la compostelana, que al cabo del año recibe a millones de personas llegadas de todas las partes del mundo. «Estos alquileres repercuten en la economía de las ciudades: personal de limpieza, pequeño comercio, albañiles, fontaneros, pintores, peluquerías, lavanderías, gestorías, supermercados... que en su día nos avalaron con más de 6.000 firmas», les recuerdan. La idea, ante la inmovilidad del gobierno del BNG, liderado por Goretti Sanmartín, parte de la asociación de propietarios de VUT de la capital, que llevan desde el verano de 2022 con sus negocios en ‘stand by’, a la espera de que el consistorio resuelva su situación. El acuerdo —posterior a la modificación del PXOM que se aprobó el pasado invierno, que prohíbe este modelo de alojamiento en la zona vieja y lo restringe a bajos y primeros en el resto de la ciudad— planteaba que todos los pisos que estuviesen dados de alta en la Xunta, con anterioridad a la regularización, podrían seguir operando basándose en una ordenanza de la que, a día de hoy, nada se sabe. «Algunos pisos permanecen cerrados por temor a la sanciones, y otros no», indica la portavoz de los dueños, Estrella Ferreiro, a ABC. «Las personas que no tienen licencia ya están muy cansadas de no ingresar nada o de trabajar en estas condiciones», insiste sobre el escenario que se le planteó a cientos de familias que invirtieron sus ahorros en restaurar viviendas a las que ahora no sacan ningún partido. «Muchos realizaron importantes inversiones para acondicionar sus viviendas, muchas de ellas en estado ruinoso, convencidos de que, para el alquiler que pretendían, bastaba con la inscripción en el registro de la Xunta», que data de 2017. «Lo que buscamos es que no castiguen a quien no cometió más delito que trabajar su propiedad para hacerla rentable», indican los afectados. Algunos llegaron a recibir multas de hasta 15.000 euros por no contar con una licencia municipal que el Ayuntamiento compostelano reitera que era obligatoria.
Suma y sigue
Estas quejas se suman a las vertidas hace tan solo unos días por Aviturga, la asociación de propietarios de VUT de Galicia, que denunciaron que el consistorio santiagués ha activado «una nueva campaña de intimidación a los titulares de VUT, con docenas de notificaciones remitidas desde finales del pasado año por el Concello», que evidencia que el gobierno local, «lejos de buscar una actitud conciliadora se ha instalado en la hostilidad y la hostigación [sic] a quienes defienden su derecho a alquilar sus propiedades por periodos cortos». El Ayuntamiento compostelano, por su parte, guarda silencio, sin una fecha para la aprobación de una ordenanza que, critican algunos de los afectados, podría tardar «hasta dos años» en materializarse.
Raíz del problema Los afectados se quejan de que el Ayuntamiento de la ciudad no da pasos adelante en la redacción de la ordenanza prometida