Eichmann retorna a Jerusalén
¿Por qué es tan difícil que la justicia se abra paso en la guerra de Gaza?
Un peine, una boquilla para cigarrillos, un cortaplumas y las llaves de su casa en un suburbio de Buenos Aires… Esos eran los objetos personales que llevaba encima Adolf Eichmann –el criminal nazi escondido en Argentina bajo el nombre de Ricardo Klement– cuando los servicios de inteligencia de Israel finalmente pudieron atraparle al atardecer del 11 de mayo de 1960.
Eichmann, entre otras cosas, fue el minucioso secretario de la conferencia de Wannsee celebrada el 20 de enero de 1942 donde el régimen nazi institucionalizó el holocausto judío. Su procesamiento en Jerusalén se convirtió, sin necesidad de que Hannah Arendt escribiera una sola de sus magistrales palabras, en un momento decisivo para el Estado de Israel fundado 13 años antes del inicio de aquel juicio retransmitido al mundo entero.
Para la defensa del responsable logístico de la ‘Solución final’ hubo que contratar a un abogado alemán porque ningún letrado israelí quería representar a semejante espécimen de la banalidad del mal. Eichmann fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad y ejecutado, la única pena de muerte en la historia de Israel. Más de seis décadas después, Israel revive un dilema similar sobre cómo enjuiciar a cientos de implicados en la ofensiva terrorista perpetrada por Hamás el pasado 7 de octubre, con 1.200 víctimas mortales y 250 rehenes. Los abogados de la oficina del defensor público de Israel, que anteriormente han representado incluso a miembros de Hamás, han sugerido que no están preparados para defender a todos estos sospechosos. Y los halcones de peluche de la extrema derecha israelí no han tardado en plantear la necesidad de juicios militares sumarios.
En este debate se mezcla el imperativo de ofrecer garantías procesales y juicios justos, pero también asegurar que los responsables de tantas atrocidades no quedan impunes. No ayuda que Israel haya llevado a cabo una campaña en Gaza con 30.000 muertos hasta finales de febrero, respetando sólo vagamente los protocolos que se supone deben seguir sus militares para evitar «indiscriminados daños colaterales».