La Xunta asume otro frente con el TSXG por la nueva parálisis eólica
▶El gobierno autonómico defiende su gestión y recuerda que ya ganaron antes en el Supremo. Se recurrirá, pero el daño a proyectos ya está hecho ▶El sector alerta de que la «inseguridad jurídica» puede malograr inversiones
La Xunta tiene un problema con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la energía eólica. Cuanto menos, de «doctrina». La decisión del Superior gallego, divulgada el martes, de enmendar la plana al Tribunal Supremo y decretar la suspensión cautelar de 13 parques obliga al gobierno autonómico, todavía en funciones, a «continuar trabajando en la vía judicial», como ayer avanzó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. «La Xunta no se puede quedar de brazos cruzados, tiene que buscar salidas», abundó la vicepresidenta segunda y titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
El TSXG, y más concretamente la sección tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo, maniobró después de que el TS, en diciembre, rechazase dos de las causas que el Superior gallego tuvo en cuenta para decretar la anulación de algunas instalaciones —atendiendo al plazo del trámite de información público en la evaluación de impacto ambiental—. Ahora invoca «la prevalencia de los principios de cautela, prevención y precaución en materia medioambiental» para, de los 18 autos emitidos hasta la fecha, relativos a suspensiones cautelares de autorizaciones administrativas y de construcción de 16 parques eólicos, desestimar sólo tres.
En San Caetano existe la convicción de que los técnicos han hecho un buen trabajo, y que la razón está de su parte, como así hizo constar el TS, y puede volver a hacer. Toca remar. «Por supuesto, continuaremos con la vía de recurso (...), continuaremos luchando», dijo Lorenzana. Ese último verbo ya da una medida de cuál es la percepción en la Xunta de la posición del TSXG. La responsable de Industria fue comedida, reiterando su respeto a la decisión del Superior pese a no compartirla. Menos pelos en la lengua tuvo la número tres del gobierno regional. «Me llama muchísimo la atención —dijo a los medios— lo que está ocurriendo con el TSXG», al que afeó que haga «caso omiso a lo que dice el Supremo». Galicia es «de las únicas comunidades autónomas donde está ocurriendo todo esto», criticó.
Proyectos paralizados
La vicepresidenta segunda en funciones lamentó que la postura del tribunal gallego «supone una parálisis de meses de todos los eólicos que ahora mismo tenemos en marcha». «Hay muchos proyectos en marcha», alertó. Son 60, y suponen 3.000 MW de potencia, con un impacto estimado de 4.200 millones de euros y unos 4.800 empleos durante cinco años. Las cifras las aporta, en coordinación con la Asociación Eólica de Galicia (EGA)—, la Asociación Empresarial
Eólica (AEE), de ámbito nacional, que alza la voz ante la «reiterada situación de inseguridad jurídica» que sufre el sector. Más aún, de acuerdo con un estudio de impacto, calculan que la Comunidad necesitará 8 TWh adicionales para dar cobertura a 32 nuevos proyectos industriales de carácter estratégico, que supondrán 6.300 millones de euros de inversión y la creación de 14.000 empleos. «Todo esto se perdería de seguir frenando la implantación de energía eólica», claman. Creen que una parálisis puede «afectar a varias generaciones durante años».
En una nota remitida ayer, la AEE advierte de que esta «judicialización» constante «contribuye a la pérdida de confianza y de reputación para atraer nuevas inversiones». Y las que están en marcha se tambalean, con personal en el terreno ahora inactivo, criticó Ángeles Vázquez. La Xunta, con su presidente en funciones, Alfonso Rueda, al frente, quiere erigirse en ‘hub’ de las energías renovables, especialmente todo lo que tiene que ver con eólica, tanto marina como terrestre; e hidrógeno verde. Y la competencia para posicionarse es dura. Pero cuando no es la falta de apoyo del Gobierno, son los tribunales los que ponen palos en las ruedas.