Por qué caerá la ley de amnistía
Tal como ha ido sucediendo con todos los hechos relacionados con el 1 de octubre de 2017, la respuesta a la ley de amnistía será su propia fragilidad y decaerá totalmente o en parte porque no resistirán su propio peso los materiales defectuosos de que está hecha.
La estrategia independentista es sortear la acción de la Justicia amparándose en la opinión de la Comisión de Venecia, cuyo borrador ha sido filtrado. Pero no sólo la ley que ayer se pactó incumple muchos de los requisitos que el organismo internacional exige, sino que la propia Comisión deja claro que serán los jueces españoles quienes estarán al cargo de decidir sobre cada persona que quiera acogerse a la nueva ley. Entre las exigencias de Venecia desatendidas están el respeto al derecho internacional, la seguridad jurídica al definir con claridad los actos amnistiados y las excepciones, así como una tramitación que permita debate y participación y respeto a la independencia del Poder Judicial. No han sido estos, sino más bien los contrarios, los procederes de Pedro Sánchez.
Además, Venecia subraya expresamente que «los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía», en clara contraposición con lo sucedido, y entiende que el proceso «ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el Poder Judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España» y exige a las autoridades implicadas «el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo».
En cualquier caso, y esto es lo verdaderamente significativo, la Comisión establece que la ley de amnistía no está por encima de la separación de poderes y deja en manos de los jueces la decisión sobre cada persona y caso concreto.
Pasó con la ley del ‘sí es sí’ y con la rebaja del delito de malversación. En el caso del ‘sí es sí’, la ley tuvo que reformarse; en el caso de la malversación, Puigdemont continúa imputado.
Incluso cuando juristas y magistrados de gran prestigio se dedican a ello, el estudio y ya no digamos la confección de una ley requieren un largo período de tiempo y un profundo conocimiento del sistema legal para evitar contradicciones e incoherencias. Los independentistas, junto con el PSOE, han dedicado poco menos de cuatro meses a crear de la nada una ley que no sólo no está prevista en la Constitución, sino que además ha tenido como principal inspirador a Gonzalo
Boye. Que el abogado de Puigdemont sea la demostración del éxito del principio de reinserción que nuestra Constitución consagra –en tanto que ingresó en prisión condenado por terrorismo y salió licenciado en Derecho– no significa que sea un experto que pueda ponerse a redactar leyes de semejante complejidad.
Mas en la raíz de estos pactos está esa obsesión tan catalanista por «blindar». Blindar la educación en catalán en el colegio, blindar la inversión que el Estado debe concretar cada año en Cataluña, entre otros blindajes imposibles en un Estado de derecho y políticamente articulado. Cuando asoma lo blindado, el día suele acabar en recuento de cadáveres.