La sociedad civil vuelve este fin de semana a la calle contra Sánchez
▶ Madrid y Barcelona acogen sendas manifestaciones de rechazo al Gobierno
Ley de amnistía
Acción, reacción. Esa ha sido la dinámica que ha movido a la sociedad española desde que el PSOE incorporó a su forma de hacer política el relato independentista para mantener a Pedro Sánchez como presidente. A cada paso hacia la aprobación de la ley de amnistía ha seguido una movilización masiva para protestar pacíficamente en contra del olvido legal de los delitos vinculados al ‘procés’. Previsiblemente, lo mismo sucederá este fin de semana, con manifestaciones convocadas en Madrid y Barcelona por la aprobación ayer del nuevo texto pactado entre los socialistas y Junts per Cataluña para blindar a Carles Puigdemont ante los tribunales españoles y europeos.
Horas después de que la Comisión de Justicia del Congreso diera luz verde al dictamen de la ley, que se votará el próximo jueves en el Pleno antes de ir al Senado, diversas asociaciones de la sociedad civil convocaron sendas concentraciones en las dos principales ciudades de España. La primera, mañana en la madrileña Plaza de Cibeles a las doce del mediodía, donde ya se han escuchado en otras dos ocasiones las proclamas frente al Gobierno de Sánchez en los últimos meses. Esta vez, los convocantes –entre los que se encuentran colectivos como S’ha acabat, Citizens pro Europe o Convivencia Cívica Catalana– apuntan directamente al líder del PSOE, de viaje en Brasil mientras su partido, cercado por la corrupción del caso Koldo, se plegaba a la enésima concesión al soberanismo catalán. Piden su dimisión y defienden que «sobran los motivos».
La segunda está prevista para el domingo, también a mediodía, en la plaza San Jaime de Barcelona. Allí, Cataluña
Suma por España, entre los principales organizadores, llama a reivindicar el Estado de derecho español, en oposición a la ley de amnistía y la «impunidad» que esta supone para con los líderes del independentismo inmersos en procesos judiciales, prometido por el PSOE a cambio de sus votos en la Cámara Baja.
Estas demostraciones de hartazgo al margen de los partidos políticos, aunque también las haya habido capitaneadas por el PP o Vox –como las del 12 de noviembre o el 28 de enero en toda España–, se han producido cada vez que la amnistía ha quemado una etapa en el circuito legislativo o que el Gobierno ha mantenido en pie su mayoría parlamentaria aceptando los órdagos del independentismo.
Al margen de los partidos
El pasado 18 de noviembre, dos días después de que Pedro Sánchez fuera investido presidente tras registrar la ley de amnistía en el Congreso, cientos de miles de personas abarrotaron el centro de la capital de España. Al mismo tiempo, otros tantos protestaban durante semanas ante la sede socialista en la calle Ferraz, con disturbios en alguna de estas jornadas provocados por radicales que obligaron a intervenir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Antes, el 8 de octubre, cuando la predisposición a otorgar la amnistía sólo era un «cambio de opinión» para Sánchez y no algo plasmado sobre el papel, la gente también se echó a la calle en Barcelona, epicentro del ‘procés’ en 2017.
Tres meses más tarde de la primera, el 21 de enero, y después de que los letrados del Congreso dieran luz verde a la amnistía y que esta pasara en diciembre el trámite de la toma en consideración, Cibeles volvió a llenarse de ciudadanos indignados con el Ejecutivo socialista. El detonante que reavivó las protestas fue la aprobación esa misma semana de las enmiendas que el PSOE y Junts pactaron para su propia ley. Una que en un principio calificaron de impecable, pero que han tenido que ir modificando a medida que avanzan las instrucciones judiciales contra el independentismo en la Audiencia Nacional y otros juzgados.
Las movilizaciones no han impedido que la norma siga superando hito tras hito, condicionada, además de por la Justicia española, por la posible intervención de las instituciones europeas. De hecho, también se han convocado actos de protesta frente a la amnistía en las diversas sedes de la UE. Es el caso de la del Parlamento Europeo en Madrid, que también ha escuchado los gritos que piden enviar a «Carles Puigdemont a prisión» o la dimisión del presidente del Gobierno.