El juez absuelve al acusado de dejar morir a Nerea Añel aunque el jurado lo vio culpable
▶ El veredicto hablaba de un homicidio por omisión que el fallo del juez rechaza
Contra todo pronóstico, Julio González, el acusado de acabar con la vida de Nerea Añel, quedará en libertad. La sentencia emitida ayer por la Audiencia provincial de Pontevedra desoye, sorpresivamente, el veredicto del jurado popular que siguió el caso y considera, a diferencia de lo que hicieron los ciudadanos, que este hombre no es culpable de la muerte de la joven. Nerea Añel desapareció en enero de 2020, pero su cuerpo no fue localizado hasta septiembre de ese mismo año, cuando unos paseantes la encontraron en el cauce de un río en Barbadás. Hace diez días, los jurados del caso coincidieron en que Julio González estaba con la mujer cuando, mientras escapaban de la Guardia Civil, ella sufrió una grave caída. El veredicto confirmaba esta circunstancia y también la tesis del fiscal, que defendía que el acusado había dejado morir a la chica sin ofrecerle ningún tipo de auxilio. Un homicidio por omisión, que el magistrado Antonio Piña, redactor de la sentencia, echa por tierra.
En su argumentación, contraria a la señalada por el tribunal ciudadano, el juez interpreta que los hechos probados no permiten incluir esta conducta —la del homicidio— en los tipos penales que se le atribuían. En concreto, la sentencia publicada ayer apunta que las conductas consideradas probadas del acusado, según dice el jurado popular en su veredicto de culpabilidad, no pueden incluirse en el tipo penal de homicidio consumado ni en el de homicidio por comisión por omisión que mantuvo la Fiscalía en sus conclusiones definitivas. A la hora de armar su decisión, el magistrado orensano apunta que el tribunal de jurado reconoce en el veredicto que «no hay suficiente prueba» de que la joven se hubiese podido salvar con una intervención médica inmediata, y que el procesado «no crea la situación de riesgo» previa a las lesiones, dado que la caída de la joven pudo ser fortuita.
Por todo ello, mantiene, los actos no se incluirían en el tipo penal de homicidio, dice el magistrado, que advierte de que el Ministerio Público «no interesó una calificación subsidiaria o alternativa que configurara la conducta del acusado como autor de un delito de omisión del deber de socorro, por lo que no se analiza su concurrencia». Insistiendo en lo sucedido, una realidad que el plenario no consiguió revelar, el magistrado presidente contradice a los jurados al afirmar que «no se puede afirmar cómo se produjo el fallecimiento», es decir, si fue de forma inmediata o si «derivó de la falta de asistencia médica». La inesperada sentencia no es firme. Las acusaciones del caso, convencidas de la autoría del crimen, aún pueden presentar recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El alcalde de Cambre (La Coruña), Óscar García Patiño (Unión por Cambre), renuncia al bastón de mando. Ayer anunció su decisión de dimitir ante una situación de bloqueo administrativo del consistorio que ha dado pie a impagos de facturas a empresas concesionarias hasta acumularse una deuda cercana a los 5 millones de euros, pese a que las arcas municipales cuentan con más de 20 millones. ¿La razón? Según el regidor saliente, una serie de «cambios» en los «criterios» que rigen el funcionamiento de su órgano impuestos tras la llegada de la nueva interventora y la secretaria municipal, a quienes señala cómplices de una «animadversión» dirigida contra él; y cuya gestión, acusa, habría hecho imposible regularizar y efectuar los pagos.
El último percance de magnitud llegó cuando la suministradora de gasoil suspendió su servicio por deudas pendientes por parte del Ayuntamiento — un total de 28.057,28 euros—, pero la misma inestabilidad se extiende a otras firmas. El servicio de aguas y saneamiento de la concesionaria Augaservi, a la que el órgano municipal debe en torno a 300.000 euros, iba a decidir su cese pero, en el pleno de esta semana, la corporación logró evitarlo acordando pagos parciales. La empresa de iluminación pública, AVE Iluminación, que actualmente se sustenta con los cobros de sus denuncias por impagos, también se plantea una retirada del municipio. Y a esto hay que añadir que hasta febrero estuvo activa una huelga en el servicio de limpieza municipal —que ahora está suspendida, pero no desconvocada—, cuya firma, Jardincelas, también es un gran acreedor de las arcas públicas. Una situación de inseguridad frente a la disponibilidad de servicios básicos que tiene en vilo a los cerca de 25.000 vecinos del municipio.
En este escenario es en el que se produce
El consistorio debe cerca de 5 millones de euros a las concesionarias, aunque tiene 20 en su tesoro, al no poder regularizar los pagos