El Gobierno otorgará ‘papeles’ a todas las víctimas de trata
▶ Reactiva la ley que da residencia y permiso de trabajo «sea cual sea su nacionalidad»
Con la idea de acabar con los «suelos pegajosos», el «techo de cristal» y la «violencia hacia las mujeres», el Consejo de Ministros aprobó ayer, día Internacional de la Mujer, nuevas medidas enfocadas en igualdad. Entre ellas, se encuentra el anteproyecto de ley integral contra la trata, una norma centrada en las víctimas, la mayoría extranjeras en situación irregular: no serán expulsadas del país, podrán contar con permisos provisionales de residencia y trabajo y tendrán ayudas sin necesidad de haber realizado una denuncia previa. Una de ellas será el acceso al ingreso mínimo vital.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recalca que se trata de una «ley que no es punitivista» y que «está centrada en la prevención, sensibilización y protección de las víctimas, como nos exige tanto el convenio de Varsovia como el de Estambul y nuestros compromisos internacionales».
Ahora abordará todos los tipos de trata, como la explotación laboral, los matrimonios forzosos o incluso el comercio de órganos. «Queremos apoyar y dar cobertura a las supervivientes, especialmente las que están en situación irregular». Redondo ha evaluado la medida como algo «importantísimo» para estas víctimas que viven con «miedo y angustia» y a las que se debe «proteger y acompañar en todo momento».
Batería de ayudas
Además de garantizar su residencia en el país, se les ofrece «toda una batería de ayudas y derechos» como acceso al ingreso mínimo vital, consideración de colectivo prioritario para optar a una vivienda pública, asistencia letrada durante todo el proceso e indemnizaciones con cargo por bienes incautados a las mafias y grupos de trata. Derechos que, según ha subrayado la ministra de Igualdad, se reconocen «con independencia» de que haya denuncia por parte de la víctima. Esta norma, que quedó pendiente la pasada legislatura, fue tramitada «con carácter de urgencia», pero las intenciones de la anterior ministra de Justicia, Pilar Llop, cayeron en saco roto.
En paralelo, la titular de Igualdad ha anunciado la puesta en marcha de «un grupo de trabajo» entre asociaciones que llevan tiempo colaborando con las víctimas de trata para que «puedan incorporarse a este debate» y auxiliar al Gobierno a «concretar mejor y ser más eficaces» en las medidas que necesitan.
Protocolo frente al acoso
Siguiendo con el resto de medidas, la ministra ha aprobado la renovación del protocolo de actuación frente al acoso y al abuso en el seno de la Administración General del Estado, un acuerdo alcanzado y anunciado la pasada semana. «Me parece que esta medida da coherencia al Gobierno porque llevamos solicitando a distintos sectores y colectivos que precisamente sean proactivos, que establezcan protocolos para la defensa de las personas frente al acoso y al abuso sexual», ha apuntado. También ha hecho mención a los últimos casos de abusos sexuales denunciados en la industria del cine español, así como en el ámbito deportivo.
Con respecto a la ley del ‘solo sí es sí’, Redondo ha indicado que se ampliarán las medidas que ya cubrían a las víctimas de violencia de género a todas aquellas que hayan padecido violencia sexual. Se «elevará» —ha apuntado la ministra— un real decreto para que aquellas mujeres que cuenten con rentas inferiores al ingreso mínimo vital puedan cobrar tanto en una única paga como en seis meses consecutivos el dinero correspondiente a medio año de paro. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando GrandeMarlaska, ha detallado nuevos cambios en el sistema de protección para la violencia de género (VioGén). Pretende modificar el tratamiento de la inactivación del sistema, con la idea, en palabras del ministro, de restringir los criterios «con el objetivo de prologar el tiempo de protección y evitar la indefensión de la víctima». La duración acordada será un periodo de entre seis y doce meses e impide la inactivación completa en supuestos de «alta complejidad».
Además, a propuesta del ministerio de Inclusión, el Gobierno ha dado luz verde también a un cambio en las bajas para las víctimas de violencia de género.
El Estado las reconocerá, a partir de ahora, como situaciones de incapacidad temporal por contingencia común, pero a efectos económicos se considerará de contingencia profesional para dar «mayor protección económica y social a las víctimas».