ABC (Galicia)

La misteriosa «desaparici­ón» de 25.000 dependient­es en Cataluña

▶ La Generalita­t dice que informó al Imserso de la depuración de los datos, que «salvan» el balance estatal

- ÉRIKA MONTAÑÉS / ESTHER ARMORA MADRID / BARCELONA

La afirmación de José Manuel Ramírez, presidente del Observator­io Estatal de la Dependenci­a, es tajante: sin el «retoque realizado y no justificad­o por Cataluña», el balance anual de 2023 que presentó ayer la entidad arrojaría un titular muy negativo para el Gobierno en el conjunto del país y es que «lejos de reducir la lista de espera de personas para ser valoradas y recibir la prestación, esa lista se habría incrementa­do». Lo misterioso que refleja el XXIV Dictamen de la entidad para el ejercicio de 2023 es que en noviembre del año pasado Cataluña realiza un «ajuste estadístic­o» y «desaparece­n» del limbo de la dependenci­a 25.296 personas. Y eso, según destaca a ABC Ramírez, pese a ser la comunidad que más recorta el presupuest­o global (el que suma la aportación del Estado y la autonómica) para esta materia; en concreto, redujo 57,3 millones de euros en 2023. No es la única, otras ocho autonomías también la redujeron. «Eso libra al Gobierno de encontrars­e con que, pese al plan de choque lanzado en 2021 para reducir la lista de espera, no se haya conseguido; y favorece a la propia comunidad autónoma, que también comunica una mejora de sus datos. Pero ni al Observator­io ni a la directora general del Imserso, que así lo hace constar en este informe, se le comunican las razones objetivas de por qué está sucediendo».

Sí avala Ramírez que sin el plan de choque puesto en marcha por el Ministerio de Derechos Sociales en febrero de 2021, y que ha supuesto la inversión de casi 4.000 millones de euros estos tres años, el sistema de la dependenci­a habría entrado en «colapso».

El acuerdo de coalición de PSOE y Sumar incluye que la inversión estatal aumentará hasta el 50% de la prestación a final de la legislatur­a. De momento, ronda el 39% y el objetivo de reducir las listas de espera en 60.000 personas en 2021 se logró dos años después, aunque 111 personas (una cada 13 minutos) murieron al día en 2023 esperando esa ayuda. Ese tiempo se eterniza en algunos lugares como Canarias (647 días para tramitar un expediente, el doble que la media estatal, 324 días). Por ley no debe superar los 180 días, pero el sistema canario es «caótico» y sus gobernante­s, «por desidia e impericia, marginan esta atención», critica Ramírez.

Otras tres autonomías –Andalucía (con 557 días de espera), Murcia (509) y Galicia (362)– superan esa media nacional. La excesiva burocratiz­ación lastra que la ayuda llegue a tiempo, objeta también Ramírez, y acentúa la desigualda­d «palmaria» que existe entre territorio­s.

«Sincroniza­ción de datos»

En este informe anual que publica la entidad también llamada Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, Cataluña es, un año más (en 2023 se iguala Murcia) la comunidad con peor puntuación en 18 indicadore­s. El sistema catalán y el murciano reciben 1,7 puntos de 10, frente a la atención que despunta en Castilla y León y Castilla-La Mancha, con 8,3 puntos.

Interpelad­o por el decalaje en sus datos, el Govern de Cataluña desmiente al Observator­io y al Instituto de Mayores y Servicios Sociales y asegura que el ente estatal estaba informado «desde hace meses» de la actualizac­ión de datos que estaba realizando, que implica la caída de la lista de espera de 27.000 expediente­s de dependenci­a, 25.296 de los cuales aparecen reflejados en este informe. «Los otros 2.000 se reflejarán, previsible­mente, en el siguiente», señalan a ABC desde la Consejería de Derechos Sociales que dirige Carlos Campuzano.

Las citadas fuentes mantienen que «el departamen­to decidió poner en marcha ese proceso para sincroniza­r los datos de dependenci­a con los del ente estatal y acabar así con un agravio comparativ­o de hace años». El proceso afecta –precisan– a 27.263 expediente­s que se han archivado por diferentes motivos (no cumplimien­to de requisitos, desistimie­ntos, caducidade­s...) y que tienen la preceptiva resolución de cierre. En cambio, el Imserso hasta ahora los considerab­a pendientes por no tener asignado ningún servicio o prestación y, por ello, estas solicitude­s aparecían como «no atendidas».

Esta falta de sincronía provocaba, según aclaran desde la Generalita­t, que, «según los datos del Imserso, Cataluña tuviera en lista de espera más expediente­s de los que en realidad le correspond­ían, un agravio al que ahora se pone fin». Reconocen, por otra parte, que «la corrección de este desajuste puede tener repercusio­nes positivas en la liquidació­n del convenio del nivel acordado de 2023».

En Cataluña, el número de solicitude­s de dependenci­a acumuladas a 31 de octubre de 2023 era de 351.972 y el ratio de resolucion­es con grado sobre el total es de un 89,4%. «Cataluña es el territorio del Estado que tiene el mayor número de personas en atención residencia­l (38.830 personas, un 15,8% del total). El promedio español en atención residencia­l es del 9,6%», defiende el departamen­to de Campuzano.

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