Un texto legal perverso

«Cuando la democracia, la separación de poderes y el Estado de derecho se ven amenazados, todos los jueces tienen el deber de pronunciarse en defensa de la independencia judicial y del orden constitucional, incluso en cuestiones políticamente sensibles». Este pronunciamiento, lejos de una opinión, está tomado literalmente del dictamen número 25 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos sobre la libertad de expresión de los jueces, emitido en diciembre de 2022.

Respetamos profundamente la actual tramitación parlamentaria. Es el exponente principal del Poder Legislativo. Creemos firmemente en la separación de poderes. Sin embargo, nuestro sentido del deber nos sitúa en la obligación moral de advertir que la ley de amnistía que va camino de aprobarse este jueves en el Congreso de los Diputados erosionará el actual Estado de derecho, provocando una serie de imprevisibles consecuencias.

Llegar a este escenario ha supuesto retorcer los renglones de la ética con el aparentemente inocente argumento de una reconciliación, cuando lo cierto es que la realidad tras el espejo muestra una desesperada búsqueda del establecimiento de mecanismos de impunidad por y para políticos. Esta proposición legal, con independencia de su escrutinio constitucional, es profundamente contraria a los valores fundamentales de la UE. Es un tributo a la política sin sentido de Estado, con ausencia del consenso necesario, mediante un procedimiento huérfano de garantías jurídicas, que ataca a la separación de poderes y es generadora de una inaceptable desigualdad entre ciudadanos.

El texto crea inseguridad jurídica, no ofrece certeza, precisión y taxatividad sobre lo que es o no delito. Una normativa penal nunca puede ser tan abstracta que no permita a cualquier ciudadano identificar con precisión las conductas

La realidad muestra una desesperada búsqueda de mecanismos de impunidad por y para políticos