Primeros pasos hacia una «alianza cantábrica» para renegociar la PAC

▶ El conselleiro do Rural se reunió ayer con sus homólogos de Asturias, Cantabria y País Vasco

Galicia puso ayer sobre la mesa, en un primer encuentro con otras comunidades autónomas, la creación de una alianza que reivindique «flexibilidad» en la nueva Política Agraria Común (PAC) y su «adaptación a la realidad» de cada territorio ante el Ministerio. El conselleiro do Medio Rural en funciones, José González, se reunió con sus homólogos de Asturias, Cantabria y País Vasco para comenzar a gestar ese frente unido, que también incluiría a las organizaciones profesionales agrarias y a las cooperativas —con las que la administración gallega se citó el lunes—.

La Xunta ya había avanzado la semana pasada que esperaba poder agendar «cuanto antes» un encuentro con representantes de las comunidades de la Cornisa cantábrica, en el que discutir la cuestión en profundidad. Una oportunidad para incorporar consensos y sembrar las semillas de una «alianza cantábrica», como la nombra en un comunicado, capaz de ejercer presión en las negociaciones con las fuerzas estatales al reclamar cambios en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC). González señaló algunas reivindicaciones concretas: la reducción de la carga burocrática de los agricultores y ganaderos, la voluntariedad del cuaderno digital de las explotaciones y la omisión de la figura del veterinario.

Existen, dijo, trabas comunes que «se ven muy agravadas por circunstancias coincidentes en la Cornisa cantábrica»: es el caso del minifundismo, la pluviometría, el relieve, el tamaño de las explotaciones o los tipos de suelo. Sus particularidades, a ojos del conselleiro, hacen que las 18 modificaciones que ya propuso el Ministerio sean «insuficientes», porque no se adecuan a las casuísticas de las regiones; de hecho, censuró que «tienen mucho más en cuenta a la España mediterránea que a la húmeda».

Ecorregímenes «imposibles»

Una de las principales demandas expresadas por el conselleiro es la de modificar los ecorregímenes —pagos anuales a los profesionales que acepten prácticas medioambientales—, para que no perjudiquen a los agricultores y ganaderos de la Cornisa. Aclaró que «ningún productor» está «en contra» de las exigencias medioambientales de la PAC, pero advirtió de que «se están poniendo sobre la mesa ecorregímenes imposibles de cumplir». Sobre la ‘condicionalidad reforzada’ —las obligaciones que deben cumplir los beneficiarios—, la administración gallega aboga por reducir o readaptar «determinados requisitos no acomodados para la Cornisa y que resultan muy difíciles de cumplir»; y señala que «apenas tres de las siete prácticas actuales tienen viabilidad en el territorio cantábrico».

Propone mejorar los relativos al pastoreo extensivo, las islas de biodiversidad, la rotación de especies mejorantes y la introducción de nuevos cultivos de bajos insumos, como el grelo; otros ya existentes, como la patata; o de pasto en zonas que presentan elevado riesgo de incendios forestales. Propuestas, añadió el titular do Rural, que están «avaladas por las organizaciones profesionales agrarias», y que ya fueron remitidas al Ministerio «sin que se tuvieran en cuenta».

Mismas reglas

Otro eje de las demandas al Estado reclama «igualdad en las reglas de juego» que afectan a todos los productores, de forma que los tratados con terceros países incluyan cláusulas espejo garantizando «un trato idéntico para todos los productos», independientemente de su nación de origen. Para lograrlo, la Xunta urge al Gobierno que modifique de la Ley de la cadena alimentaria, que rige la fijación de los precios de los alimentos, «para que se cumpla de una manera efectiva». Insta al Ejecutivo a utilizar mecanismos de inventariado y control como los gallegos Contaláctea y Contacarne; y a trabajar con las comunidades autónomas para garantizar que los precios, además de cubrir los costes de producción de los agricultores y ganaderos, les reporten el margen de beneficio correspondiente.

Entre las reivindicaciones que el conselleiro planteó ayer, durante la reunión, también estuvo la de mejorar la fiscalidad en el rural, actualmente plagado de medidas que «ahogan» a sus profesionales. Por ello, volvió a insistir el conselleiro, la Xunta reclama que el Gobierno exija en Bruselas la suspensión «urgente y temporal» de estos criterios legales, una maniobra que serviría para «ganar tiempo» hasta que se alcanzase un consenso y se aprobase el rediseño de las políticas cuestionadas en la PAC.