Santiago ve justificada la declaración de zona tensionada a pesar de las dudas del sector
▶ La escasa oferta, la «especulación» y los alquileres a estudiantes disparan los precios
Radiografía del alquiler en Galicia
La capital gallega no queda exenta del debate sobre la vivienda, en el que hay opiniones muy variadas. Por un lado, el Concello tiene clara la necesidad de pedir la declaración de zona tensionada, con un aumento en los últimos cinco años del precio del alquiler del 33,2%, pero hay críticas por parte del sector sobre sus posibles consecuencias en la realidad compostelana, en la que hay poca oferta y el alquiler a estudiantes, generalmente con contratos de temporada que no quedan regulados en esta legislación, está muy extendido.
«Según los datos del Observatorio de Vivenda procedentes de las fianzas que se depositan en el Instituto Galego de Vivenda e Solo», indica a ABC Iago Lestegás, concejal de Urbanismo y Vivienda, entre 2018 y 2023 se constata un «incremento en Santiago a nivel municipio del 33,2%», frente a «una variación del IPC para Galicia», a falta del dato local, de un 17,7%, superando «muchísimo» esos 3 puntos porcentuales requeridos para obtener la declaración de zona tensionada. Y es que el valor medio de las fianzas pasó de ser de 424,2 euros en 2018, a 565 el año pasado.
Un aumento «generalizado» que afecta a todos los códigos postales, explica, con la excepción del 15884, en el que se incrementó un 17,43%, y otro para el que no había datos del 2018. Es más acusado, añade, en las áreas «urbanas», como la del código postal 15704 –que incluye, entre otras zonas, parte del casco histórico, San Roque y San Caetano–, donde el incremento fue de un 42%. En la zona norte, por ejemplo, también rozó el 40%; y en el centro –donde más contratos se firmaron en 2023– fue del 28%. Según los mismos datos, entre las áreas del municipio con la fianza media más elevada (757,9) y la más baja (392,7), hay una diferencia de 365,2 euros.
De acuerdo con estos datos «contundentes», explica Lestegás, «procedería» pedir la declaración para «el conjunto del municipio» y no por zonas, porque «prácticamente todo el territorio cumple» las condiciones. En cuanto el Concello tenga los Orzamentos en vigor, encargará los informes correspondientes, aunque, critica, son datos de los que dispone la Xunta, y califica de «sorprendente» que no sea el Ejecutivo autonómico el que elabore la documentación. «La sensación que da», indica en la misma línea que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, es que «la Xunta no tiene mucha intención de declarar estas zonas» y que «está utilizando a los concellos como excusa para no aplicarlas». Al respecto, después de que la regidora municipal hiciese las mismas acusaciones, el Ejecutivo autonómico aseguró que «no se niega» a hacer esta declaración, pero indicó que no lo hará «de oficio» porque «las obligaciones que fija» contribuyen a «desincentivar» que los propietarios pongan las viviendas en alquiler, por lo que la solicitud deberá estar avalada con documentos, recogió Ep.
Por su parte, en el sector no todas las opiniones van en la misma línea. Desde la Asociación de Veciños da Cidade Histórica, por ejemplo, opinan que para combatir los alquileres tensionados se debe apostar por la «vivienda pública», y no por topes a los precios, y señalan a la problemática de la vivienda vacía y a la escasez de la oferta, que temen que pueda exacerbarse con esta medida. A principios de este mes, según los datos de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, había 175 inmuebles en alquiler en toda la capital gallega.
También Rafael Rey, gestor de la inmobiliaria compostelana Rey Xestión, socia fundadora de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), coincide en que este hecho, junto a la «especulación», han propiciado este aumento del precio de los alquileres. Pero él, ante una oferta «escasa» y una demanda «elevadísima», sí que opina que la declaración de zonas tensionadas es «indudablemente» una buena herramienta, ya que, sino, «es la ley de la selva», aunque lamenta que la cuestión esté envuelta en «batallas políticas».
Los pisos de estudiantes
Por otro lado, Vicente Martínez, de la inmobiliaria Apóstol y secretario de Agalin, añade que ese aumento, en parte, también viene provocado «por la subida
CIFRAS CLAVE
33,2%
Entre los años 2018 y 2023, el valor medio de las fianzas pasó de ser de 424,2 euros a 565. En cambio, la variación del IPC en la Comunidad en este mismo período fue del 17,7%.
365,2€
de los alquileres a estudiantes», contratos que «están fuera de la afectación de la Ley de Vivienda porque son alquileres temporales». Según un estudio realizado por Agalin con datos de las inmobiliarias, los universitarios prefieren zonas como el Ensanche, la zona de Santa Marta o el Campus Norte, donde los precios más elevados están en los inmuebles más próximos a las facultades. «Hay zonas en el centro que superan en un 39%» el IPC, pero en su mayoría «estamos hablando de alquileres temporales» que «no se pueden contener» con esta normativa, por lo que no descarta que la ley provoque un traspaso «de alquileres tradicionales a alquileres de estudiantes», del mismo modo que teme una huida hacia alquileres por habitaciones, que también «quedan fuera de esta limitación». Un tipo de contrato que ya está en auge, y que hace 4 años no era tan común, explica.
En su opinión, no todas las áreas de Santiago se beneficiarían en igual medida de esta declaración. Es el caso de la «zona del centro y del perímetro de la Universidad», donde no cree que sea la mejor solución; si bien en otras como «la periferia, cerca del polígono, o la zona del Castiñeiriño», más demandas por familias, «sí que podría funcionar» para que «no se disparen tanto las subidas del precio de la vivienda».
Efectos que el concejal, por su parte, «no ve por qué» tendrían que darse, entendiendo que la declaración habilitará «una herramienta» que, en todo caso, considera que «podrá cambiarse» con el tiempo, adaptándose a estas cuestiones concretas. De hecho, una de las críticas que le hace a la Ley Estatal de Derecho a la Vivienda es que «parece más pensada para ciertas realidades, como la de Barcelona o la de Madrid, que para la realidad gallega». Pero, por ahora, «es la herramienta que tenemos», reitera, que espera que se vaya mejorando con la inclusión de «nuevos mecanismos».
Incremento «generalizado» El consistorio de la capital gallega considera que «procedería» pedir la declaración para el conjunto del municipio