El secreto de las comunicaciones es sagrado
alto cargo del Ministerio de Justicia con Zapatero, dejó constancia por escrito de que no fue hasta horas después de que la noticia ya estuviera publicada en los medios de comunicación cuando el fiscal remitió la denuncia al letrado para «facilitarle el derecho de defensa».
No es de extrañar que esta actuación haya puesto en pie de guerra a la Abogacía de Madrid, que considera de «extrema gravedad» la revelación de estas conversaciones privadas en un comunicado en el que se detallan datos concretos de unas diligencias de investigación, fechas y contenido de conversaciones y reuniones... En definitiva, un burdo pisoteo al secreto profesional que, como recuerda el Colegio de la Abogacía madrileña, ampara las comunicaciones de letrados.
El Estatuto de la Abogacía establece el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendidos. A su vez, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal destaca el límite de la obligación de informar por parte del Ministerio Público, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados.
La Abogacía madrileña, que encabeza Eugenio Ribón, está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para depurar las responsabilidades oportunas, pues, como recuerda, divulgar información relativa a las estrategias legales de las partes sin un acuerdo de conformidad formalizado no sólo vulnera principios básicos, sino que también pone en riesgo la neutralidad del Ministerio Fiscal.
El asunto de la filtración no sólo ha indignado a los abogados. Se palpaba el viernes también en otros colectivos que se dieron cita en un desayuno informativo que tuvo como protagonista al presidente de los procuradores de España, Juan Carlos Estévez, quien pidió «ejemplaridad»
El Estatuto de los fiscales impone el deber de reserva y discreción y el respeto a los derechos de los implicados