Hacienda restaura a su medida el decreto Montoro para devolver menos a las empresas
▶ Mete un par de ajustes para rebajar el impacto millonario del fallo del Constitucional
«Lo que está intentando Hacienda es reinstaurar de forma íntegra una reforma del Impuesto de Sociedades que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, y hacerlo a través de un proyecto de ley porque entiende que así se subsana la objeción formal de que se hiciera por decreto ley. Pero las cuestiones de fondo que se plantearon en el recurso subsisten y además se han incluido dos nuevas disposiciones movidas por la voracidad recaudatoria de Hacienda que si se aprueban harán que volvamos a impugnar en 2025». A Jordi de Juan, el socio del área de litigios fiscales del despacho Crowe que promovió la causa que ha derivado en la anulación por parte del Constitucional del golpe fiscal que Montoro propinó a las grandes empresas en 2016, la maniobra del Ministerio de Hacienda para reinstaurar por la vía rápida las disposiciones suspendidas a través de una enmienda al decreto de prórroga de medidas contra la inflación le parece pura «pulsión recaudatoria».
La enmienda del Grupo Socialista no se limita a restaurar el estado de cosas previo a la sentencia del Constitucional sino que además incluye dos disposiciones, que según los expertos consultados parecen ideadas única y exclusivamente para amortiguar amotiguar el milmillonario impacto para las arcas públicas de encajar los efectos de la sentencia, que algunas fuentes estiman en unos 4.500 millones por cada ejercicio que las medidas han estado vigentes.
Amortiguar el golpe
La primera de ellas se refiere al que en el ámbito fiscal se conoce como ‘el impuesto a las pérdidas’, la obligación que Montoro instauró de devolver en quintas partes las desgravaciones fiscales disfrutadas por las empresas por los deterioros experimentados por sus filiales con independencia de que estas hubieran mejorado su situación o no.
La anulación de la norma abre a las empresas una ventana para reclamar la recuperación de las ayudas fiscales devueltas al fisco durante todos estos años.
La enmienda presentada por el Grupo Socialista pretende desactivar por completo el efecto de esa anulación. ¿Cómo? Fijando ya para 2024 la obligación de reintegrar de nuevo a Hacienda las desgravaciones fiscales ingresadas por los deterioros de sus filiales en todos los ejercicios anteriores, pero ya no en quintas partes sino al 100%, para garantizarse la recuperación íntegra de todo lo que haya tenido que devolver Hacienda este año. «Era previsible que el Gobierno quisiera reinstaurar el régimen anterior, pero el modo en que quiere resolver el tema de la reversión de cartera agudiza las objeciones que ya se advertían antes en relación a su dudoso respeto del principio de capacidad económica y augura que volverá a acabar en el Constitucional», explica Carles Ribera, asesor fiscal en Cuatrecasas. La otra maniobra que pretende Hacienda es el mantenimiento para 2024 de la medida extraordinaria dispuesta en 2023 para limitar al 50% las pérdidas de filiales que los grupos empresariales puedan aplicarse al calcular su base imponible, una medida de naturaleza radicalmente recaudatoria que eleva artificialmente la base imponible de los grandes grupos en 2023 a cambio de acotarla en los diez años venideros.
«Al final lo que se hace es capturar recursos de cuantía millonaria de muchas empresas y en un momento en que el coste de financiación para el Estado es más barato que para el sector privado», advierte el director del área tributaria del despacho Ashurst, Eduardo Gracia, sobre el efecto de las medidas.