Tres detenidos por la muerte en Cádiz de cinco inmigrantes tirados al mar desde una narcolancha
▶ Los tripulantes, que los amenazaron con un cuchillo, cobran hasta 50.000 euros
Cuatrocientos mil euros por viaje, hasta 50.000 solo para el piloto y cifras similares para los otros dos tripulantes. Estas son las frías cifras del ‘negocio’ que el 29 de noviembre del año pasado acabó con la muerte por ahogamiento de cinco inmigrantes irregulares en las costas de Cádiz. Las víctimas fueron tiradas al agua junto a otros compañeros cerca de de Sancti Petri desde una narcolancha, a pesar de que no sabían nadar, que el agua estaba muy fría al ser invierno y que al ocurrir el suceso en un momento en el que subía la marea había en ese punto corrientes muy fuertes que empujaban mar adentro. Ahora, una investigación conjunta de varias unidades de la Policía (Ucrif Central, de Algeciras y de Granada, todas ellas de Extranjería) y de la Guardia Civil (especialistas en Homicidios de la Comandancia de Cádiz y Grupo de Información de la provincia) ha permitido detener a tres sujetos acusados de ser los que les obligaron a tirarse al agua.
El día de los hechos una embarcación de alta velocidad, de 12 metros de eslora y tres motores, con al menos 37 inmigrantes hacinados a bordo, realizó un primer desembarco a la fuerza de inmigrantes frente a la playa de Camposoto, obligando a esas personas a saltar al agua en una zona con fuertes corrientes, donde no hacían pie y vestidos.
Una vez los abandonaron a su suerte los criminales pusieron rumbo a la entrada del caño de Sancti Petri. A bordo aún viajaban nueve personas. A punta de cuchillo, acuciados por el piloto de la narcolancha, las víctimas fueron obligadas también a tirarse al mar. Como los anteriores, no sabían nadar y las corrientes, además, eran muy fuertes. Presas del pánico, alguno se aferró a los cabos de la embarcación como única forma de salvar el pellejo. Los criminales, con frialdad extrema y sabiendo que las víctimas iban a morir, cortaron esas cuerdas y huyeron a toda velocidad.
La solidaridad humana funcionó en esas circunstancias y varias personas que se encontraban en la zona y vieron lo sucedido se dirigieron a donde habían tenido lugar los hechos para socorrer a los inmigrantes. Pudieron salvar a algunos, pero cinco perdieron la vida antes de que pudieran recibir ayuda. En un primer momento fueron recuperados cuatro cuerpos sin vida y un quinto días después. Fueron identificados gracias al ADN de sus familiares en Marruecos, que fueron localizados por la colaboración prestada por una ONG.
Abierta una investigación, bautizada como ‘Phantom-Yamal’, se pudo conocer el itinerario realizado desde Marruecos –habían zarpado de Kenitra– además del importe pagado por los inmigrantes: entre los 3.000 y 12.000 euros, aunque en realidad, sería más exacto decir que el que menos pagó 10.000. Sin embargo, algunos de los supervivientes eran menores y no supieron dar una cifra exacta. En la embarcación iban como poco 37 inmigrantes, pero podían ser más.
Los agentes consiguieron localizar la embarcación utilizada y documentos clave para esclarecer el homicidio múltiple. También se hizo una investigación tecnológica que fue clave en el caso. Con toda esa información en la mano, este mes han sido detenidos durante tres registros domiciliarios en Algeciras y Granada dos hombres, de 45 y 39 años, uno de ellos el presunto patrón de la embarcación, y también una mujer, de 46. Se les acusa de los delitos de organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidio, lesiones y contrabando.
El piloto de la narcolancha es un tipo violento, con numerosos antecedentes, entre ellos de violencia machista precisamente cometida contra la mujer también detenida, que era su excompañera sentimental. Este individuo no era el dueño de la embarcación –cada una de ellas vale más de 200.000 euros– y le daba igual traficar con seres humanos que con hachís.
Que las narcolanchas sean utilizadas también ahora en el tráfico de seres humanos se debe al objetivo de sus propietarios, que actúan como proveedores de este servicio de las mafias, de maximizar los beneficios.
Tienen antecedentes por narcotráfico, contrabando, quebrantamiento de condena y hasta por violencia de género