Un fallo en cadena y un juicio pendiente tras la muerte de Larisa y Elisa
▶ La mujer figuraba en el sistema de vigilancia VioGen, pero no se vio riesgo para las niñas
A una madre, Alina, que ha perdido a sus dos hijas pequeñas, Larisa y Elisa, de 4 y 2 años de edad, pocos motivos hay que darle que expliquen el crimen vicario a cargo del padre. Según las estadísticas de la Delegación del Gobierno contra la lacra, con ellas ascenderían a 54 los menores asesinados por sus progenitores desde 2013 con una sola intención: causar la muerte en vida de su madre. Pero Alina o cometió un error o tenía una convicción profunda, dentro de todo el fallo en cadena en que se convirtió su caso de malos tratos. Para Alina, también para el juez, y en consecuencia para el sistema de protección de la madre y las pequeñas, el padre podía seguir viendo a sus hijas atendiendo al interés superior de las menores y no había un riesgo evidente para sus vidas.
Solo así se entiende que, pactado un régimen de visitas entre los progenitores tras su separación para que el padre viese a las niñas los sábados y domingos unas pocas horas (de 12.00 a 18.00) ella decidiese no acudir al Punto de Encuentro Familiar con mediadores y la supervisión establecidos. En el Juzgado de Violencia de Mujer número 1 de Almería, hacía un año se había pactado de este modo, pero la madre no lo cumplía «desde hacía meses», así que el personal de ese punto de encuentro dio parte de este hecho y comunicó que no estaban acudiendo a este mecanismo para realizar la entrega de las menores tras la petición reiterada del hombre a su expareja.
La primera denuncia por violencia de género fue interpuesta por la mujer de origen rumano en mayo de 2022. Siempre según los testigos y las autoridades, el que había sido su pareja, de 35 años y de la misma nacionalidad, estado ella embarazada de Elisa le dio una paliza. Fuentes del Tribunal Superior
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de Justicia de Andalucía (TSJA) aclararon que el mismo juez de Violencia dictó una orden de alejamiento para él, de 500 metros como suelen, hace un año. La Subdelegación del Gobierno en Almería, encabezada por José María Martín, confirmó que la orden era respecto de la madre y no de sus hijas.
Se da la circunstancia además de que el juez había ordenado la colocación de una pulsera de seguridad al presunto agresor para evitar el contacto con su pareja, la única herramienta que hasta el momento tiene un bagaje de cero asesinatos. Pero la mujer solicitó el levantamiento de las referidas medidas cautelares, aunque el juzgado continuó con la causa a petición de la Fiscalía.
Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se informa de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Almería había instruido una denuncia por malos tratos y amenazas por parte del hombre, fallecido después de quitarse la vida. El juicio pendiente estaba fijado para dentro de pocos días, el próximo 10 de abril, en el Juzgado de lo Penal 2 de Almería.
Hay que recordar también que en atención a la Lopivi o ley de Protección de la Infancia, la regla general que se aplica desde junio de 2021 es la suspensión del régimen de visitas en el caso de indicios de maltrato, aunque el criterio del juez puede ser mantenerlo como excepción por el interés del menor y sin la constancia de esos indicios.
La poca fe de Alina en el sistema choca con el hecho de que la madre dijese, según las declaraciones realizadas por el alcalde de Abla, Francisco Javier Sánchez, el municipio donde residían las tres, que se había trasladado a este pueblo para «huir del maltratador», a solo medio kilómetro del cortijo de la pedanía de donde la propia madre encontró los tres cadáveres el domingo una vez vencido el tiempo en que las pequeñas debían estar con su padre.