Gambia da el primer paso para recuperar la mutilación genital femenina
Los legisladores de Gambia dieron ayer el primer paso para derogar la prohibición de la mutilación genital femenina. Un total de 42 de 58 parlamentarios de la Asamblea Nacional se mostraron a favor de tramitar una despenalización de la ablación. De salir adelante la norma en su lectura final, supondrá un inusitado revés para los esfuerzos por criminalizar esta práctica.
En 2015, Banjul impuso elevadas multas y penas de cárcel a quienes practicaran la mutilación genital femenina, que, según la Organización Mundial de la Salud, no tiene beneficios para la salud y puede provocar hemorragias excesivas, ‘shock’, problemas psicológicos e incluso la muerte. Si deroga la histórica prohibición, Gambia se convertirá en la primera nación africana en revocar tal decisión y anula las protecciones respecto a la ablación.
A pesar de los avances en la promulgación de prohibiciones legales, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia concluyó en un informe publicado a principios de este mes que el número de mujeres y niñas que han sufrido la mutilación genital en todo el mundo aumentó de 200 millones hace ocho años a 230 millones en la actualidad. Se practica en 92 países, 51 de los cuales tienen leyes que la prohíben, según Equality Now, un grupo de defensa de la igualdad.
Cuestión de «cultura»
La prohibición de Gambia, adoptada bajo el autocrático expresidente Yahya Jammeh, se ha enfrentado a la oposición en el país abrumadoramente musulmán, en particular desde que el presidente Adama Barrow llegó al poder en 2017. El pasado agosto, tres mujeres fueron multadas por practicar la mutilación genital femenina a ocho niñas, convirtiéndose en las primeras personas condenadas en virtud de la ley. El Consejo Islámico Supremo de Gambia respondió al veredicto diciendo que la circuncisión femenina era una de las virtudes del islam y pidiendo al gobierno que reconsiderara la prohibición.
La legisladora Almameh Gibba presentó el proyecto de derogación a principios de mes, argumentando que la ley viola el derecho de los ciudadanos a practicar su cultura y su religión.
Cerca de 180 organizaciones de la sociedad civil gambiana pidieron en octubre en una carta al gobierno que preservara la ley.