La Xunta reclama a los concellos que consensúen con los sectores su petición de zona tensionada

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, reclamó ayer a los concellos que, cuando formalicen sus peticiones para declarar zonas de alquiler tensionado, lo hagan tras mantener «su propia mesa sectorial» de vivienda para consensuar y planificar cómo «dar respuesta» a la «problemática» de una norma estatal que considera «inconstitucional» y que ya recurrió su partido.

Según este sistema, dijo, cerca de un 18% de los concellos podrían solicitar tal declaración. Por eso se refirió a la mesa sectorial como el lugar adecuado para tomar «decisiones de calado importante» en este terreno, comparando su rol con el del Observatorio da Vivenda a escala autonómica. La titular del ramo reiteró que la Xunta no declarará de oficio tales zonas –lo vería «un paso atrás»–, pero insistió en que atenderá las solicitudes de los municipios que cumplan «las obligaciones» que, incidió, «pone el Gobierno central, no la Xunta», a través de la referida Ley de Vivienda.

Una normativa que, a ojos de Ángeles Vázquez, «está dando muchos dolores de cabeza desde su aprobación» por lo «difícil» que resulta de «entender». Por eso, ayer convocó un encuentro con representantes del sector para explicarla, así como la entrada en vigor del índice de precios de alquiler, por el que se limitarán los precios en dichas zonas tensionadas. Lamentó que la ley sea «contradictoria», poniendo como ejemplo la ciudad de Pontevedra, que podría ser «declarada íntegramente tensionada»; pero, según el índice de precios, «solo lo sería un distrito», ya que «ninguna ciudad al completo» puede adquirir esta condición, dijo, según los datos del Gobierno.

Vázquez recordó que, en las zonas tensionadas, los concellos deben destinar «por lo menos un 20% de su suelo a vivienda pública» y tener «una planificación a lo largo de los años» en esa área, entre otras obligaciones. Señaló que, en Galicia, «el número de grandes propietarios de más de cinco viviendas no llega al 4%», con lo que la «incidencia» de la figura en la que se basa la ley «es mínima». Y que, en el espectro restante, el límite se aplica a las que lleven más de cinco años sin alquilarse. «El resto de alquileres siguen con sus precios y pueden incrementarse hasta un 10% en caso de que hagan reformas o se les permite el IPC», detalló.