La Justicia examina otra asignación a dedo de ayudas con fondos europeos de Trabajo
La anulación por parte del Tribunal Supremo de más de 30 millones en subvenciones distribuidas de forma directa por el Ministerio de Trabajo a CEOE, Cepyme y UGT podría no ser el último revés judicial al modo de desempeñarse del departamento de Yolanda Díaz a la hora de distribuir los fondos europeos.
El Supremo está examinando otra concesión directa de ayudas con recursos del Mecanismo de Recuperación realizada por el Ministerio de Trabajo en octubre de 2021, a partir de una impugnación realizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid meses más tarde por entender no ajustados a derecho ni los criterios seguidos para ese reparto, ni las razones para dejar fuera del mismo al resto de comunidades autónomas, ni el procedimiento extraordinario utilizado, que omitió la libre concurrencia y la necesidad de tratar la decisión en la correspondiente Conferencia Sectorial.
Madrid acusó entonces al Ministerio de Yolanda Díaz de asignar esas ayudas «de forma aleatoria» y de haber vulnerado «el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo». Y decidió elevar la concesión de ayudas a los tribunales con la convicción de que «los proyectos están vinculados a competencias autonómicas y los fondos destinados a los mismos deben estar gestionados por las administraciones regionales».
Trabajo justificó la utilización del procedimiento extraordinario de la concesión directa, que el Supremo encontró poco motivado en el caso de las subvenciones a los agentes sociales, por la condición de objetivo prioritario de la promoción de proyectos para colectivos especialmente vulnerables y para favorecer el emprendimiento, y por «la concurrencia de dificultades razonables para realizar la concesión por el procedimiento ordinario de la convocatoria pública, dada la previsión de entidades beneficiarias concretas y definidas».
El criterio sentado por el Supremo en su sentencia es que Trabajo «debió respetar la Ley General de Subvenciones y la convocatoria pública allí regulada, sin supresión de los informes, consultas y dictámenes que prevé». ABC ya avanzó en su edición de ayer que ese criterio amenazaba más de 200 millones de ayudas asignadas de manera directa por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para impulsar el despliegue del Ingreso Mínimo.