Andalucía frena los planes para traer agua en barco desde Murcia
▶ Junta y ministerio, que no han descartado aún esa vía, confían en que no sea necesaria
El plan de emergencia para traer agua potable en barcos a los puertos andaluces formó parte de la estrategia ‘Andalucía Sequía plus’ aprobada en diciembre de 2023, del cuarto decreto de sequía aprobado en febrero de 2024 y de la reunión hace un mes entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera. El proceso está acordado, los papeles entre ambas administraciones repartidos y la hoja de ruta definida, pero la complejidad del proceso, su coste y su eficiencia conllevan que debe estar reservado para una circunstancia de extrema emergencia. Y de ahí que las partes aguarden a los efectos de las lluvias que se están registrando antes de activar definitivamente este plan.
De hecho, a principios de febrero, cuando la sequía andaluza estaba en su peor momento la Junta contactó con el Gobierno de Murcia para analizar la disposición de esta comunidad autónoma a permitir el traslado de barcos de agua desde la única desaladora que no estaba al 100% de funcionamiento y que tenía por tanto capacidad: la de Escombreras, en el entorno de Cartagena. El Ejecutivo murciano confirmó que esta instalación tenía margen y que había disposición a colaborar. Sin embargo, según confirman fuentes del Gobierno de Murcia, desde entonces no ha habido ninguna petición más ni ningún trámite para formalizar este proceso. Y no es en ningún caso un planteamiento inmediato. El Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, no señaló expresamente a la desaladora de Escombreras, aunque sí dijo que se usaría una de estas instalaciones que no fuera de la red pública, que estuviera infrautilizada y en el Levante. En
El Gobierno de Murcia confirma que no ha habido avances desde que hubo conversaciones con la Junta a principios de febrero
Murcia no hay otra que reúna esos requisitos y Cataluña recurrirá a la Comunidad Valenciana.
Existe un primer paso clave. La Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Gobierno estatal, debe autorizar la operación en función de los hectómetros cúbicos de agua que se soliciten y de la situación de los embalses en la zona afectada. Según confirman desde esta institución en estos momentos ni siquiera se ha iniciado el expediente para aprobar esta solicitud ya que formalmente de momento no se ha puesto encima de la mesa. Pero hay un segundo proceso, aclaran desde el Gobierno de Murcia de la que depende la desaladora de Escombreras. Esta instalación se puede poner al 100% de capacidad en apenas unos días. Pero hay que definir un sistema para trasladar el agua desde ahí al puerto más cercano. Y ese sistema está aún por fijar.
No obstante, pese a la mejoría de las reservas hídricas, la posibilidad del traslado de agua potable en barco a Andalucía sigue abierta, subrayan desde el Gobierno de España y la Junta. Sobre todo porque la mejoría general de las reservas de agua en relación con el mismo periodo del año pasado no afecta a todas las zonas de Andalucía por igual. Y en el caso de Málaga, las lluvias no han permitido que se recuperen niveles adecuados en los pantanos.
Por este motivo, las dos administraciones mantienen el reparto de papeles que acordaron en la reunión entre la vicepresidenta del Gobierno y el presidente andaluz. El ministerio asume el coste de la desalación y de llevar el agua desde la planta desaladora hasta el barco que lo pueda transportar, mientras que a la Junta de Andalucía le corresponde la identificación de los barcos y su descarga para la integración en los sistemas de abastecimiento de las zonas afectadas. En este sentido, sólo está en marcha la adecuación del Puerto de Málaga, cuya toma de agua estaba en buenas condiciones y se están realizando las actuaciones para garantizar su uso. En el caso de Carboneras y Algeciras, el último decreto de sequía prevé una inversión de cinco millones de euros para la adecuación de las tomas de agua y las instalaciones complementarias que aún no han finalizado. Se trata de una medida de emergencia, que se ejecutaría sólo si es necesario aunque «hay que estar preparados», mantienen Junta y ministerio. De hecho, uno de los grandes problemas es su coste: la factura de llevar un barco diario a Andalucía con la capacidad máxima (100.000 metros cúbicos) rondaría los 240.000 euros cada jornada.