La Xunta pide subir al 50% el peso de criterios «no económicos» que rigen la eólica marina
▶ La Comunidad planteó alegaciones al decreto del Gobierno central sobre esta energía
Hace dos semanas el Gobierno gallego anunció que presentaría alegaciones al decreto que regula la producción de energía eólica marina para garantizar la «compatibilidad» con los recursos pesqueros y el medioambiente. Y coincidiendo con la extinción del plazo, la conselleira de Economía, Industria e Innovación en funciones, María Jesús Lorenzana, concretó la petición. La Xunta, dijo ayer, instó al Gobierno Central a que tenga en cuenta al sector primario en el decreto que regula la producción de este tipo de energía y demandó que «aumente el peso» de los criterios «no económicos». «Que por lo menos llegue al 50 por ciento», apuntó la responsable desde el puerto exterior de Punta Langosteira, en el municipio de Arteixo. A preguntas de los medios a propósito de las anunciadas alegaciones, Lorenzana reveló que dichas peticiones se centran en solicitar que «aumente el peso que tienen los criterios que no son económicos», así como en la demanda de «compensaciones» para los sectores que puedan estar afectados, «básicamente al sector pesquero». Además, piden como «cuestión obligatoria» la colaboración público-privada.
«Solicitamos que se aumente el peso que tienen los criterios no económicos, en el real decreto había un límite de 30 por ciento y pedimos que por lo menos llegue al 50 por ciento», especificó sobre el futuro planeamiento de un sector que puede generar hasta 8.000 puestos de trabajo en la Comunidad.
Eólica terrestre
Cuestionada también por la situación de la eólica terrestre tras las suspensiones de parques eólicos decretadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Lorenzana manifestó «respeto a todas las sentencias» a pesar de «no compartir las decisiones». La conselleira apuntó que «el Tribunal Supremo, en este momento, está dando la razón a las tramitaciones efectuadas por los técnicos de la Xunta de Galicia». Lo hizo en alusión a la sentencia del pasado mes de diciembre que rechazaba dos de las causas que el alto tribunal gallego empleaba para la paralización de estos proyectos. «Corresponde agotar las instancias judiciales», afirmó la responsable del ramo, tras señalar que confían en que «el sistema judicial en España funciona».