Una inspección aflora el colapso de asilo en la Audiencia Nacional
▶ La Sala propone que doce magistrados voluntarios asuman casos durante un año
El Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha arrancado el año con más de 5.800 expedientes de nacionalidad en trámite y otros casi 5.600 de asilo que, habiendo concluido, estaban pendientes de deliberación, votación y fallo. Son así más de 11.000 casos que tienen detrás a otras tantas personas cuyo proyecto vital está estrechamente vinculado a la resolución que esperan, tras acudir a los tribunales ante el silencio administrativo o la denegación que recibieron de las autoridades competentes en protección internacional o ciudadanía, que son los Ministerios de Interior y Justicia, respectivamente.
Cabe recordar que el 40% de las 88.042 resoluciones de protección internacional que se firmaron el año pasado eran denegatorias. Según datos de la Oficina de Asilo y Refugio, entre un 8 y un 9% de estas negativas se recurren en los tribunales y rondan el 20% las que prosperan.
Fue una inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la que, a finales del año pasado, dio la voz de alerta. Había revisado los números del Contencioso durante el primer semestre de 2023 y avisaba de la «elevada pendencia» de estos asuntos. Sometía a consideración de la Audiencia Nacional la adopción de «una medida de refuerzo» para paliar la situación.
Tras estudiar el asunto, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Eduardo Menéndez Rexarch, remitió un informe a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional que aterriza la cuestión: ya en abril de 2022 se pidió un refuerzo para los asuntos de asilo y nacionalidad, pero no se acometió porque el Ministerio de Justicia no autorizó la pertinente dotación presupuestaria.
Conforme detalla, al cierre del año pasado se contaban 5.567 asuntos sobre asilo y refugio conclusos y pendientes únicamente de deliberación, votación y fallo. Una cifra elevada, explicaba el magistrado, consecuencia del «gran número de los asuntos ingresados en 2021 y 2022» y pese a que a lo largo de 2023 habían ido disminuyendo a razón de unos 360 al mes. En su opinión, la solución pasa por el nombramiento de 16 magistrados de la Sala «que lo soliciten voluntariamente para actuar como refuerzo y reducir la pendencia de recursos de asilo». Estos magistrados, «además de su trabajo semanal en la sección, deberían deliberar y decidir cinco recursos de asilo cada uno» durante un plazo de un año. Calcula que, de este modo, se podría reducir la pendencia de 3.000 asuntos y que se equilibrarían las distintas secciones, porque no todas tienen el mismo volumen de casos sin deliberar, creando «una única bolsa» de temas pendientes sobre la que trabajarían lo que denomina «magistrados de autorrefuerzo».
Ampliar horario a los LAJ
El informe recoge no obstante que, si hubiese más de 16 voluntarios, se podría «garantizar la participación de todos por periodos de tres a seis meses» y, si hubiera menos, «se ajustaría al refuerzo disponible con un resultado menor» pero, en todo caso, habría que reforzar en los mismos términos la Secretaría, que es la que apoya el trabajo de los magistrados.
«Para la efectividad de la medida, ésta debe acompañarse de un plan concreto de actuación consistente en una prolongación de jornada para los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el personal de la Administración de Justicia de las oficinas de las ocho secciones de la sala de lo Contencioso-Administrativo», añade.
En cuanto a las nacionalidades, los asuntos pendientes al finalizar el último año eran 5.824, de las cuales 800 estaban a falta de deliberación, votación y fallo. Sin embargo, en este ámbito «no supone una cifra excesiva» considerando que en cinco de las ocho secciones el volumen de asuntos pendientes de rematar no superan el centenar y en las otras tres sólo lo hacen ligeramente.
«Es cierto que la entrada de estos recursos representan unos 6.000 asuntos sobre un total de 15.209 ingresados este año, pero sin embargo una parte muy considerable es resuelta de un modo distinto de sentencia, la satisfacción extraprocesal», explica Menéndez Rexarch en su informe. Considera que aquí el refuerzo debería centrarse en la Oficina Judicial de cada sección para tramitar los procedimientos que terminan de este modo.