Familias de las víctimas, nueve meses esperando a ver los restos
▶ El Gobierno lleva desde junio del año pasado sin atender su petición formal
Familiares de muertos en la Guerra Civil cuyos restos se encuentran en el Valle de Cuelgamuros solicitaron formalmente en junio del año pasado al Ministerio de Presidencia acudir a las labores de extracción de los osarios y aún no han recibido respuesta. Ante el silencio del Ejecutivo, pidieron explicaciones al Consejo de Transparencia y también han sido ignorados.
Ayer, cuando supieron que el presidente del Gobierno presenció los trabajos de extracción ‘in situ’ acompañado del ministro Ángel Víctor Torres, denunciaron que las familias están siendo relegadas cuando deberían haber acudido las primeras para vivir el esperado encuentro con sus antepasados, así como lamentaron que no están recibiendo ninguna explicación sobre cómo transcurren las labores de los técnicos de Patrimonio, a pesar de que el Consejo de Ministros especificó que serían informados puntualmente.
Eduardo Ranz, abogado y representante de familiares de fallecidos en la contienda en ambos bandos, envió una carta al Ministerio de la Presidencia el 13 de junio de 2023, un día después de enterarse por la prensa de que el Gobierno había autorizado las exhumaciones que ellos llevaban reclamando siete años. En la comunicación consultada por ABC, que recibió justificante de registro, solicitaba «el acceso al lugar de la intervención con la finalidad de asimilar ‘in situ’ los trabajos de exhumación, así como estar presentes el día de la extracción, conforme a los precedentes históricos que sentaron las familias del dictador y del fundador del partido único, exhumados en el mismo lugar, en os años 2019 y 2023, respectivamente», afirmaban en referencia a los descendientes de Franco y de Primo de Rivera que sí estuvieron presentes el día del traslado de sus restos.
«Se supone que no podíamos ir por cuestiones de riesgos laborales y vacunas. Sin embargo, nos encontramos con políticos y personal de difusión del gabinete. Las familias pueden acudir a cualquier fosa de España. Sin embargo, seguimos sin conocer la recuperación de nuestros familiares inhumados en Cuelgamuros», lamenta Ranz.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) también registró ayer una queja al Gobierno, ante el Ministerio de Política Territorial, por la visita de Pedro Sánchez al Valle de Cuelgamuros tras ver en televisión su recorrido, con exposición de cráneos y restos óseos de víctimas cuya identidad no han podido cotejar ni los propios familiares.
Reunión en «campaña»
«Hemos visto en los medios de comunicación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, han visitado los trabajos de exhumación que están llevando a cabo en las criptas del Valle de los Caídos, algo que se les ha impedido hacer a los familiares que quieren sacar de allí a un ser querido con el argumento de que podía ser peligroso para ellos. Las familias que llevan años peleando por sacar de allí los restos de un ser querido se enteraron de las exhumaciones por la prensa y fueron convocadas por primera vez a una reunión el 10 de julio de 2023, en plena campaña electoral, en el Palacio de la Moncloa», manifestaron en el documento al que también tuvo acceso este diario.
En éste, solicitaron al Gobierno, después de la visita sorpresiva del presidente ayer, «que nadie sea tratado por encima de las víctimas y que conozcan toda la información de lo que va ocurriendo en el Valle de los Caídos, ya que son las promotoras de esas exhumaciones, las más afectadas por lo que allí sucede y las que tienen derechos respecto a lo que está ocurriendo en sus criptas».
Los reclamantes reprocharon al Gobierno que, con la visita de este jueves, está incumpliendo la Ley de Memoria Democrática de 2007, en base a la que el Consejo de Ministros, en el año 2011, acordó un «protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura».
En ese protocolo se afirmaba, entre otras cuestiones, como recordó la ARMH: «A los procedimientos de excavación asistirán, si así han manifestado su deseo, los familiares directos de las víctimas».
En este sentido, el abogado Ranz también considera que, al no recibir ninguna información ni actualización de los trabajos en el Valle ni haberles permitido asistir a la extracción de los restos, se está vulnerando su derecho a la verdad en el que también se insiste en la Ley de Memoria.
Los trabajos de extracción comenzaron por la capilla del Santo Sepulcro de la Basílica de San Lorenzo de El Escorial, a donde se trasladaron los restos de los hermanos republicanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás. Un auto judicial no recurrido autorizó su exhumación a los descendientes. Esa es la resolución judicial que dio pie a la extracción de los restos de otros muertos, la mayoría procedentes de Aragón –según tiene registrado Patrimonio Nacional– que se encuentran en la misma cripta donde estaban depositadas cajas con inscripciones que permiten asociar el material óseo con documentos históricos que facilitan la identificación.
Todavía quedan vivos descendientes directos de asesinados que sólo pudieron ver, en una ocasión antes del pasado junio, las cajas apiladas a través de un ventanuco. Pero nunca los huesos como Pedro Sánchez.
«Pueden acudir a cualquier fosa de España, pero seguimos sin conocer la recuperación en Cuelgamuros»