Jueces, fiscales y funcionarios plantan cara a la amnistía en la UE
▶ Se reunieron ayer con los autores del informe anual sobre sobre el Estado de derecho
La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagaza patrocinó ayer en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas la presentación del Pacto de Profesionales en defensa del Estado de Derecho, suscrito por organizaciones de jueces, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios del Estado, de la administración local y de la Policía que representan a más de 20.000 personas. La intención de este pacto es denunciar la proposición de ley de amnistía que se propone aprobar el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.
Este pacto ya había sido presentado en Barcelona el 13 de marzo pasado, cuando se anunció también la creación de un comité de coordinación con la idea de difundir en la opinión pública española y europea el riesgo que supone la aprobación de esta ley de amnistía para el Estado de derecho y la supervivencia de las instituciones en España. La semana próxima se presentará también en Madrid.
Los firmantes
El pacto ha sido suscrito por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Abogados del Estado, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local.
Según Maite Pagaza, «hay una grave amenaza a la estabilidad del sistema constitucional; una amenaza populista, y uno de los diques de contención más importantes frente a todo ello han sido, desde el pasado mes de noviembre, los profesionales y servidores del Estado» que ahora advierten, a través de esta iniciativa, de la preocupante posibilidad de que la amnistía concedida a cambio de siete votos en el Congreso pudiera acabar creando espacios de impunidad al margen del poder judicial.
Esta asociación pretende la constitución de un comité de coordinación cuya misión será alertar a la opinión pública de las consecuencias de atacar los valores constitucionales como la legalidad, la seguridad jurídica, la igualdad y la separación de poderes.
La eurodiputada naranja se comprometió a llevar sus reivindicaciones ante la Comisión Europea para que esta institución sea consciente de las consecuencias que puede acabar teniendo esta iniciativa del PSOE, que actualmente se tramita en el Senado tras haber superado una primera votación en el Congreso gracias al apoyo de los principales beneficiarios de esta medida, que son los secesionistas catalanes seguidores del prófugo Carles Puigdemont.
Tal como informó ABC, recientemente y a petición de Ciudadanos, la Comisión Europea ratificó la doctrina según la cual en caso de que una autoridad judicial española presentase una pregunta prejudicial ante la justicia europea sobre la concordancia entre la ley de amnistía y la legislación comunitaria, su aplicación debería ser suspendida inmediatamente.
Los miembros de esta alianza en defensa del Estado de derecho se reunieron con funcionarios de la Comisión Europea que forman parte del equipo que ha de redactar el informe anual sobre la situación de la Justicia en España. Este documento se publicará probablemente después de las elecciones europeas.
La eurodiputada española ha anunciado que no repetirá en ninguna lista de las elecciones europeas del 9 de junio y que pone final a más de tres décadas de vida política, que empezaron con su entrada en el Parlamento vasco como diputada socialista. En la actualidad forma parte del grupo parlamentario liberal elegida en las listas europeas de Ciudadanos, aunque no es militante de este partido. En la anterior legislatura del Parlamento Europeo acudió en las listas de la desaparecida UpyD de Rosa Díez. Según su entorno, su próxima etapa será incorporarse a su plaza de funcionaria en Logroño.
En el Parlamento Europeo Maite Pagaza se ha destacado por defender incansablemente la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA y la igualdad de todos los españoles. Su última batalla ha sido el impulso del informe aprobado por la Comisión de Peticiones en el que se exigía a las autoridades regionales catalanas y españolas que aseguren que la enseñanza en las escuelas públicas de Cataluña conceda el mismo trato al castellano y al catalán «en las horas de enseñanza y curriculares», y a que a ningún niño se le discrimine por hablar su lengua materna.