Hacienda aparta 2.000 millones para que SEPI compre acciones de Telefónica
Los fondos reservados para la operación en el programa 923M del Ministerio de Hacienda pero aún no transferidos a la SEPI al cierre del pasado mes de febrero ascienden a 1.500 millones de euros, después de que el pasado febrero el ‘holding’ recibiera una inyección efectiva de 500 millones.
Sin unos Presupuestos Generales del Estado en los que consignar los fondos necesarios para abordar una operación que el Gobierno considera estratégica, el Ministerio de Hacienda se ha visto obligado a recurrir a un atajo presupuestario para poner a disposición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales los recursos
LA CAJA PARA ENTRAR EN TELEFÓNICA
1.500
millones, son los fondos apartados por Hacienda para comprar acciones de Telefónica que la SEPI aún no había utilizado al cierre de febrero.
1.624
necesarios para completar la operación de entrada en Telefónica.
La solución ideada ha sido tirar de los recursos consignados para el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, a través del cual se financian las necesidades de liquidez que aún tienen un puñado de gobiernos autónomicos entre los que se encuentra el de Cataluña por su imposibilidad de acudir al mercado, en una cuantía de 1.500 millones; y del Fondo para Entidades Locales, con otros 500 millones más, para sumar los 2.000 millones que en principio se estimaba que se necesitaban.
La maniobra ha dejado 13.500 millones de euros en el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que el año pasado consumió 12.311 millones; y 500 millones en el de Entidades Locales, del que en 2023 no hubo que sacar ni un solo euro. Los precedentes inmediatos no auguran grandes problemas por esta transferencia de recursos, pero expertos en gestión presupuestaria advierten de que sí los habría si se pusieran de manifiesto nuevas necesidades que obligaran a ampliar la dotación de esos fondos, ya que hay restricciones para ampliar partidas previamente minoradas.
«No deja de resultar chocante que el Gobierno esté retrasando la liquidación favorable a comunidades autónomas y ayuntamientos del sistema de financiación de 2022 y además les detraiga recursos para comprar acciones de una empresa», lamenta el economista Santiago Sánchez.