UN GRAVE PRECEDENTE EN QUITO
Las reiteradas provocaciones de López Obrador en Perú y Ecuador no permiten ser condescendientes con el asalto violento a una representación diplomática
EDITORIALES
EL violento asalto de la Embajada de México en Quito por parte de las fuerzas de seguridad ecuatorianas constituye una aberración que vulnera los convenios y usos diplomáticos, y como tal ha provocado una condena y repulsa generalizada. La Policía, siguiendo las instrucciones del presidente Daniel Noboa, entró a la legación el viernes por la tarde, saltando las verjas y golpeando al personal diplomático, para detener al político de izquierdas Jorge Glas, que se encontraba refugiado en el recinto desde diciembre pasado. Glas, que fue vicepresidente de Correa, actualmente asilado en Bélgica, y de su sucesor, Lenin Moreno, quien repudió el modelo bolivariano de Correa, ha enfrentado tres procesos judiciales por casos de corrupción. En el de la trama Odebrecht fue condenado en firme en 2019 a seis años de prisión, y en el caso Sobornos a otros ocho años en 2020. Mientras solicitaba la unificación de penas, obtuvo la libertad provisional y, antes de que fuera detenido por un tercer caso de corrupción, se refugió en la legación de México.
El asalto a la embajada se produjo pocas horas después de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador concediera asilo a Glas, después de más de tres meses de cavilaciones. El exvicepresidente afirma que es objeto de una persecución judicial (‘lawfare’), a pesar de que sus dos condenas son en firme. En todo caso, incluso existiendo dudas sobre si corresponde o no concederle el derecho de asilo a un delincuente convicto, existen canales diplomáticos y jurídicos para resolver estas cuestiones sin recurrir a una acción de fuerza unilateral que ha dejado al Gobierno ecuatoriano desprovisto de argumentos.
Uno de los factores que sin duda han contribuido a esta reacción que vulnera los usos diplomáticos han sido las provocaciones de López Obrador. España conoce bien las actitudes pendencieras del presidente mexicano, que ya ha provocado graves enfrentamientos de su país con Bolivia y Perú. En 2019 se enfrentó a Jeanine Añez por darle asilo político a Evo Morales y en mayo de 2023, el Congreso de Perú declaró ‘persona non grata’ a López Obrador por declarar que la presidenta Dina Boluarte «no es legal ni legítima» y negarse a entregarle la presidencia de la Alianza para el Pacífico, un organismo de cooperación regional. Las relaciones entre Perú y México hoy están rotas. El jueves, un día antes del asalto, la embajadora de México en Quito, Raquel Sensur, también fue declarada ‘persona non grata’ en respuesta a unas declaraciones de López Obrador en las que sostuvo que el asesinato del candidato anticorrupción Fernando Villavicencio había sido planificado por la derecha para dañar las perspectivas de la candidata del correísmo Luisa Magdalena González. La acusación encendió al Gobierno de Noboa, que se irritó aún más con la concesión de asilo a Glas y el anuncio de que un avión oficial mexicano iba en camino a buscarlo.
Por razones históricas, el derecho de asilo es una de las garantías más apreciadas por las repúblicas iberoamericanas. Ecuador no tiene nada que ganar en esta coyuntura, porque aunque el presidente mexicano es un provocador, el uso de la fuerza deslegitima su posición. Todos los países de la región han condenado lo ocurrido. Únicamente no hay constancia de la posición de El Salvador de Nayib Bukele. La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea han condenado la violación de la extraterritorialidad diplomática. Se trata de una situación muy compleja que puede convertir al Gobierno ecuatoriano en un paria y complicar extraordinariamente las citas diplomáticas convocadas en Ecuador para los próximos meses, en especial la cumbre iberoamericana prevista para finales de este año en ese país.