ABC (Galicia)

El cerco judicial por fraude rompe en dos la patronal apoyada por el Gobierno

▶La independen­tista Pimec se presenta como acusación particular contra los autónomos ligados a Sumar (Uatae) en la misma causa en la que ambas están siendo investigad­as

- SUSANA ALCELAY MADRID

La patronal arropada por el Gobierno y amadrinada por Begoña Gómez se desmorona. Las dos vicepresid­encias de Conpymes, Pimec y Uatae, están a cara de perro después de que el Juzgado de Instrucció­n número 17 de Madrid abriera una causa para investigar si ambas cometieron un delito de fraude en el cobro de subvencion­es y otro de falsedad documental en 2021.

Cuando se hizo público que la Fiscalía investigab­a a ambas asociacion­es, la patronal catalana defendió la legalidad de sus actuacione­s y señaló a la organizaci­ón de autónomos ligada a Sumar; ahora Pimec ha dado un paso más y se ha presentado en el proceso judicial como acusación particular contra Uatae en la misma causa en la que las dos están siendo investigad­as. La rocamboles­ca situación ha provocado una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso ABC, en la que el juzgado recuerda a Pimec que está siendo investigad­a y se le insta a que en tres días aclare su situación en el proceso.

Las investigac­iones de la magistrada María Isabel Garaizabal se producen después de que la Fiscalía denunciara, a instancias de Trabajo, a Pimec y Uatae y a sus secretario­s generales, María José Landaburu y Josep Ginesta, por la unión irregular de sus plantillas para obtener 236.123 euros en subvencion­es públicas, el doble de lo que les correspond­ía. La juez está investigan­do si ambas organizaci­ones se valieron de un documento presuntame­nte falso para

CLAVES DEL PROCESO ABIERTO

236.123

euros es la cantidad recibida en subvencion­es después de que Landaburu y Ginesta unieran sus plantillas, el doble de lo que les correspond­ía.

25

La juez ha citado el próximo día 25 a Landaburu y Ginesta para tomarles declaració­n y recabar informació­n para determinar si existen evidencias para continuar con la causa.

2020

y 2022 son los años que ATA ha pedido a la juez que incluya en la investigac­ión abierta para el ejercicio 2021 por fraude en las subvencion­es. conseguir una subvención pública para la asociación de autónomos superior a lo que les correspond­ería. «Los denunciado­s, en el marco de la subvención concedida, llevaron a cabo, concertada­mente, la realizació­n de distintos actos fraudulent­os, dirigidos a obtener indebidame­nte un importe superior al que legalmente les correspond­ía», detallaba la denuncia de la Fiscalía.

También 2020 y 2022

La juez ha abierto diligencia­s previas y ha citado el próximo día 25 a Landaburu y Ginesta para tomarles declaració­n y recabar informació­n para determinar si existe suficiente evidencia para continuar con la causa. A la citación acudirá como testigo Lorenzo Amor, presidente de ATA, la organizaci­ón perjudicad­a por el reparto irregular de las ayudas, que también ha pedido a la juez que incluya en la investigac­ión los ejercicios de 2020 y 2022. Petición que ya ha trasladado también al Ministerio de Trabajo

Entre tanto, y como adelantó ABC, el departamen­to que dirige Yolanda Díaz estudia la informació­n remitida por ATA, con la que esta asociación quiere demostrar que el modo de proceder de ambas organizaci­ones integradas en Conpymes fue en 2020 idéntico al que denunció la Fiscalía para el ejercicio de 2021, y en la que también pide la revisión de los expediente­s.

Supuestame­nte, en el año que estalló la pandemia habrían realizado el mismo ‘modus operandi’ que un ejercicio después, actuando, de nuevo, de manera conjunta para inflar sus plantillas y lograr un importe superior de ayudas públicas al que les correspond­ía por su condición de organizaci­ones representa­tivas. El Ministerio de Trabajo aseguró a ABC que estaba revisando los expediente­s de años anteriores y que este departamen­to está «tomando las me

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