Vox incluye en su recurso contra el recorte del trasvase del Tajo a regiones ajenas
▶ Pide la nulidad del decreto por el que se aprobó la planificación hidrológica hasta 2027
El problema no es solo el recorte del trasvase del Tajo al Segura, sino las deficiencias, contradicciones e incoherencias que han salpicado toda la planificación hidrológica que ha dirigido el Ministerio para la Transición Ecológica. Es lo que argumenta Vox ante el Tribunal Supremo en su ofensiva judicial para frenar la merma de agua que se envía a Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía. El texto presentado por la formación política, al que ha accedido ABC, pide la nulidad del Real Decreto 35/2023.
Es decir, el texto por el que se aprobaron los planes de las doce cuencas que tienen ríos compartidos entre varias autonomías (prácticamente todo el país). El partido alega que existen «claros motivos formales y de fondo para declarar nulo el real decreto».
En enero del año pasado, el Gobierno aprobó la ordenación hidrológica hasta 2027 a través del Real Decreto 35/2023. Pese a ello, el plan del Tajo centró toda la atención política por sus repercusiones en la agricultura de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía. Desde entonces, las tres comunidades afectadas han iniciado su propia batalla legal contra una norma que consideran altamente lesiva, cuestionando que los intereses ambientales deban estar por encima de los sociales y económicos de los ciudadanos de sus regiones.
Ahora, el recurso presentado por
Vox se centra en esta cuestión para pedir la nulidad del Real Decreto 35/2023. En esa norma se aprobaron los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias (Cantábrico Occidental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar y Ebro), junto con el del Cantábrico Oriental (con competencias compartidas entre la Administración central y el País Vasco).
Vox argumenta que el Ejecutivo ha cometido infracciones competenciales, que resultarán en diferencias de trato y descoordinación en el territorio nacional. En su escrito alega que el decreto no tiene el rango necesario como para alterar la actividad económica general.
El recurso de Vox defiende que el Gobierno no calculó el impacto que tendrá el real decreto. Ni la secretaría general técnica de Transición Ecológica, ni las del resto de ministerios presentaron informes al respecto. Incluso, afirma la formación de Santiago Abascal, las consideraciones sobre el impacto en medio ambiente tiene «vicios» que afectan a su validez.