Al Supremo hay que ir llorado de casa

Cámara Baja le había reclamado. El viernes, sin ir más lejos, la Sala Segunda tumbaba una denuncia de Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz, los ministros Félix Bolaños y Óscar Puente, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; y la eurodiputada Iratxe García por delitos de usurpación de funciones, prevaricación y cohecho en relación a los acuerdos alcanzados entre los socialistas y Junts.

«Los hechos denunciados no son constitutivos de delito, a lo que habríamos de añadir que tampoco pueden merecer esa calificación las enmiendas que los diputados, en el ejercicio de su función legislativa, pueden proponer durante la tramitación de una proposición o proyecto de ley», señalaron los magistrados.

Desde hace años, son innumerables las actuaciones procesales de este tipo que no pasan el filtro de admisión del Tribunal Supremo, aunque en los últimos tiempos, especialmente desde los acuerdos del Gobierno con los independentistas como precio a la investidura de Pedro Sánchez, se han multiplicado exponencialmente. En algunos casos se busca notoriedad; en otros, fundamentalmente los partidos, un titular en prensa, y en la mayoría, el desahogo o lamento del particular que recurre al Supremo en busca de justicia. «No somos un buzón de quejas, somos un tribunal de casación», comentaba la semana pasada un magistrado a ABC.

En el Supremo, especialmente maltratado desde hace un par de años por la ley que ha provocado que una de cada tres plazas del Alto Tribunal estén sin cubrir, empiezan a estar cansados de tener que emplear sus esfuerzos en dar respuesta a cada una de las «centenares» de denuncias que se acumulan en la Sala de Admisión. Por ella van rotando cada cuatro meses cinco magistrados de la Sala Segunda (Penal).

Al fin y al cabo la denuncia es gratis y el hecho de que la inadmisión no conlleve ningún tipo de responsabilidad para el denunciante –esta es la realidad– tiene estas consecuencias, de las que también tiene mucha culpa el amplio elenco de aforados sujetos a su jurisdicción, que van desde el presidente del Gobierno y diputados y senadores de las Cortes hasta magistrados y vocales del CGPJ, pasando por el presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado o el Defensor del Pueblo.

Ahora que el ministro Félix Bolaños está reactivando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es deseable que ponga el mismo empeño en repensar la figura de la acusación popular que en dar la investigación penal a la Fiscalía, pues es de sobra conocido que hay actuaciones procesales que lo único que persiguen es llevar la batalla política a los tribunales aun sabiendo que los hechos denunciados pueden tener un reproche ético, pero en ningún caso penal.

El anteproyecto del anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ahora quiere rescatar Bolaños, contemplaba que partidos políticos y sindicatos quedaran excluidos de la acción popular precisamente por «el especial riesgo de instrumentalización del proceso que dimana de su intervención en el debate político». Si se abre el melón de la reforma del modelo procesal que sea también para acotar abusos como estos. Que al Supremo hay que ir llorado de casa.

Es deseable que Bolaños ponga el mismo empeño en repensar la acusación popular que en dar la investigación penal al fiscal