Vivienda liquida la ‘golden visa’ sin evidencias de sus efectos negativos
▶ Expertos y actores del sector ven «populista» la medida y advierten de que afectará a la inversión extranjera Operaciones inmobiliarias asociadas a la concesión de ‘golden visa’
«Es un gesto demagógico y reducir las facilidades para atraer inversiones siempre es desacertado», opinó ayer el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet. «Nunca había oído que esto fuera un problema para el mercado inmobiliario», reconoció el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. «Penaliza y espanta la inversión y cierra una vía para la creación de empleo», lamentó la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España. «Lo único que van a conseguir es que retroceda la inversión inmobiliaria extranjera en España», concluyó Iñaki Unsain, de la consultora inmobiliaria AGV Gestión.
Expertos, autoridades autonómicas y actores del sector inmobiliario salieron ayer en tromba a cuestionar la decisión avanzada el lunes por el Gobierno de derogar los visados de oro para ciudadanos no comunitarios que realicen inversiones superiores a 500.000 euros en activos inmobiliarios, instaurados por el gabinete Rajoy en 2013, y a la que el Consejo de Ministros
dio ayer luz verde definitiva.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, intentó explicar ayer los motivos del Gobierno para acabar con este dispositivo. Al parecer, el Ejecutivo está convencido de que desactivar las ‘golden visa’ facilitará el acceso a una vivienda a jóvenes y familias. «Dará oportunidades a quienes tienen problemas para acceder a una vivienda en lugares concretos, con tensión de precios y falta de oferta residencial, a las familias y los jóvenes para los que buscar una vivienda es una misión imposible», dijo la ministra.
Para sustentar esta afirmación, que da por sentado que desalentar la adquisición de viviendas de alto nivel facilitará el acceso a un hogar a los colectivos que hoy tienen dificultades para pagarse una casa, enarboló un informe propio que muestra la influencia de este factor en localidad concretas: es el caso de Marbella, donde las operaciones inmobiliarias asociadas a la obtención de visados de oro suponen el 7% del total; Barcelona, donde significan el 5%; y también citó el caso de algunos municipios de Baleares, donde suponen alrededor del 10%. «Este tipo de inversiones tensionan el mercado, incrementan el precio de la vivienda para jóvenes y familias y por eso desde el Gobierno hemos decidido actuar con determinación para amortiguar y paralizar este tipo de especulación», dijo la ministra.
El informe es menos firme que la
En número de operaciones
En cuantía / ministra al respecto. Se limita a afirmar que se aprecia una significativa concentración geográfica en la utilización de los visados de oro inmobiliarios, que hace que el 90% de las operaciones se concentre en un puñado de provincias; y a especular con que podría concluirse que localmente podría estar ejerciendo una presión anormal sobre la demanda, sin aportar ningún dato que lo confirme y admitiendo que «no puede deducirse un impacto global significativo de esta figura sobre los precios de la vivienda».
Esa es la evidencia sobre la que el Gobierno sostiene la supresión de un dispositivo que entre 2016 y 2023 propició más de 10.500 operaciones y una inversión total de más de 10.000 millones de euros en el inmobiliario. Todo porque, según reconoció ayer la ministra, el Gobierno estaba alarmado por el crecimiento de la solicitudes que pasaron de las 977 registradas en 2021 a 2.017 en 2022 y a 3.273 el año pasado. La reforma planteada por el Gobierno solo bloqueará la posibilidad de obtener un permiso de residencia por inversiones inmobiliarias. Los ciudadanos no comunitarios podrán seguir obteniendo la residencia por adquirir deuda pública, participaciones significativas en empresas o fondos de inversión españoles o por financiar proyectos de interés general.
La alianza de inmobiliarias de Baleares aseguró ayer que la eliminación de esta figura no va a tener ningún impacto y añadió que es «una cortina de humo» para tapar el problema de falta de vivienda que sufre el archipiélago. «Preferiríamos que el presidente explicara cuáles son los planes que tiene para que se construya más vivienda asequible», lamentó la asociación, recordando el incumplimiento de las promesas realizadas por el presidente, informa Mayte Amorós.