El secesionismo abre otro frente exterior con la fuga de Tsunami
▶Al menos ocho de los 12 imputados en esta causa por terrorismo están fuera de España para eludir la Justicia ▶La Audiencia Nacional podría acabar librando una orden internacional de detención: serían fugitivos
«Dear visitor, remember that in Spain protesting is terrorism. Behave yourself» (‘Estimado visitante, recuerde que en España protestar es terrorismo. Pórtese bien’). Òmnium Cultural colgó ayer este lema en una gran pancarta en la zona de llegadas del Aeropuerto de El Prat (Barcelona), el enésimo intento de trasladar a la escena internacional el conflicto político en Cataluña. Lo de la pancarta es una anécdota, solo una parte de la campaña de difusión en el extranjero –«ofensiva internacional», según sus impulsores– que quiere llevar a cabo el independentismo a cuenta de la instrucción del caso Tsunami Democràtic. Particularmente del hecho de que al menos ocho de los doce investigados en el caso se encuentran fuera de España para intentar eludir la acción de la Justicia, en una causa por terrorismo que instruye la Audiencia Nacional.
Las dudas sobre la definición precisa de terrorismo y la aplicación práctica que en su caso podría tener la entrada en vigor de la ley de amnistía han llevado a los citados a emprender lo que definen como otro «exilio».
El despliegue de la pancarta en El Prat habla de una acción coordinada, entre la defensa legal y la acción política, que comenzó a destaparse cuando el miércoles se conoció que el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra había anunciado que lleva ya seis meses en Suiza, país desde el que, tal y como anunció la misma entidad, se ocupará ahora de coordinar la difusión en el extranjero del caso. Tras el caso de Serra, ayer se daban a conocer otros dos «exiliados», el periodista de la publicación de la izquierda antisistema ‘La Directa’ Jesús Rodríguez, así como el empresario Josep Campmajó, ambos instalados en el país helvético y señalados en el juzgado como parte esencial de la maquinaria de Tsunami Democràtic.
Además de Serra, Rodríguez y Campmajó, también se encuentran fuera de España el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el diputado en el Parlamento de Cataluña de Esquerra Republicana (ERC) Ruben Wagensberg, así como la secretaria general del partido, Marta Rovira, igualmente instalada en Suiza, a donde huyó hace seis años. Según adelantó TV3, en el mismo país está el banquero de origen italiano Nicola Foglia, del que se sospecha que habría transferido fondos a Tsunami para financiar sus actividades y a quien el juez quiere por ello interrogar. En su caso no se trataría de una huida, en tanto que trabaja en Suiza ya desde antes de la aparición de la entidad en otoño de 2019 para coordinar las protestas contra la sentencia del ‘procés’. También abandonó España el considerado tesorero de Tsunami, Jaume Cabaní, en su caso instalado en Bélgica.
Sin movimiento en el juzgado
Junto a estos ocho, están investigados en la misma causa el director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, el empresario de medios de comunicación Oriol Soler (diario ‘Ara’, ‘Sapiens’), el exmiembro de Terra Lliure y exdirigente de ERC Xavier Vendrell, ahora con doble nacionalidad colombiana y relación directa con el presidente Petro, así como la militante del partido republicano Marta Molina. Según confirmaron sus defensas a ABC, Alay, Soler y Vendrell siguen en territorio español. En el caso del último «sigue con su agenda con normalidad». Molina tampoco ha salido del país, ni tiene intención de hacerlo.
La ‘estampida’ de investigados pone la causa en un brete, porque se anuncia justo dos días después de que el juez reclamase a las defensas que aportasen un domicilio certero de cada uno de ellos para proceder a citarles como imputados. No es tampoco muy habitual que en una causa por terrorismo se dicte auto de imputaciones sin citar justo a continuación. Todos los señalados en la causa de Tsunami Democràtic saben que lo están y por delitos graves desde noviembre del año pasado. Wagensberg, de hecho, se había marchado ya antes de Navidad. Su caso, como el de Puigdemont, depende ahora del Tribunal Supremo.
De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por ABC, no se ha producido ningún movimiento en el juzgado sobre la salida de la mitad del plantel. No consta. Tampoco la Fiscalía ha pedido diligencia alguna al respecto.
Es un hecho que el destino escogido no es cualquiera, pues Suiza marca sus propias reglas y no está integrada en el sistema de las órdenes europeas de investigación. Siendo la causa por delitos de terrorismo, la Audiencia Nacional
tendría que dictar una orden internacional de detención, lo que implica ficha roja de Interpol (localizar y detener) para proceder luego a una extradición, según las fuentes consultadas. Se trata de un proceso largo en el que el juzgado ha de motivar las razones para solicitar la entrega y someterse a lo que decida al respecto una instancia judicial helvética, que es incierto. Otra posible alternativa sería dictar una orden de detención sólo para cuando volviesen a territorio nacional, pero esto podría hacer encallar la causa a falta de sus comparecencias como investigados.
Refugio predilecto
Suiza se ha convertido en el refugio predilecto del independentismo, aprovechándose de su laxitud y las facilidades para tener residencia allí, como ya pudo comprobar la exdiputada de la CUP Anna Gabriel o la propia Marta Rovira, pues al tratarse de ciudadanos españoles, tanto ellos como sus familias, pueden entrar en el país presentando simplemente un documento de identidad o un pasaporte válido.
No se impone ningún visado de entrada ni obligación equivalente. El derecho de entrada sólo podría ser limitado por medidas que estén justificadas por razones de seguridad y de salud pública. Todo ello en virtud del acuerdo entre la Unión Europea y el país helvético sobre la libre circulación de personas, que reconoce también el derecho a abandonar el territorio suizo sin otro requisito que la presentación de un documento de identidad o de un pasaporte válido. Suiza no podrá imponer ningún visado de salida ni obligación equivalente. Es decir, los españoles tienen derecho a residir en el territorio helvético. En caso de que sean estudiantes, pensionistas o que no ejerzan ninguna actividad económica en el país, podrán fijar su residencia, con un permiso de cinco años, como mínimo,
Suiza no está integrada en el sistema de las órdenes europeas de detención
La ‘estampida’ de investigados pone en un brete la causa que instruye la Audiencia Nacional
El abogado general de la Unión Europea (UE) propuso ayer que la Justicia comunitaria anule la negativa del expresidente del Parlamento Europeo David Sassoli a reconocer la condición de eurodiputados a los prófugos Carles Puigdemont y Antoni Comín. En su día, los jueces decidirán si siguen o no este criterio y lo que está claro es que su sentencia tendrá consecuencias para las legislaciones electorales española y europea, pero muy pocas a efectos prácticos, ya que la legislatura está prácticamente consumida.
Según el abogado general de la UE, al negarse a reconocer como eurodiputados a los secesionistas huidos, el presidente de la Eurocámara «puso en cuestión los resultados electorales oficialmente proclamados, a pesar de que el Parlamento [Europeo] estaba vinculado por la proclamación oficial de los resultados».
Ese es el criterio que clarificó en su día la sentencia tras un recurso interpuesto por otro secesionista, Oriol Junqueras, que estaba en prisión preventiva cuando se produjeron las elecciones. Aquella sentencia estableció que la simple proclamación de los resultados concedía a los candidatos electos plenas capacidades como eurodiputados. a condición de que prueben a las autoridades nacionales que disponen de medios financieros suficientes para no tener que recurrir a la asistencia social durante su estancia. También deben contar con un seguro de salud.
Rédito político
Es por estas facilidades que el secesionismo ha escogido Suiza como santuario, y desde allí se tratará de sacar rédito político a esta situación. De inmediato tras conocerse los hechos, los distintos líderes y partidos reaccionaron. «Manifestarse no es terrorismo. Ejercer derechos fundamentales no es terrorismo. Defender el derecho a la autodeterminación no es terrorismo», apuntó el expresidente Puigdemont. Unos días antes, Pere Aragonès comentaba: la causa contra Tsunami Democràtic está «viciada políticamente» ya que tiene «un objetivo político» porque una protesta «en ningún caso es terrorismo».
Falta por ver el impacto que tendrá el caso en una Cataluña a un mes exacto de las elecciones autonómicas. Relativo entre una mayoría de la población cada vez más refractaría a todo lo que emane del ‘procés’, mayor entre los sectores más movilizados y sensibles a todo el discurso de la confrontación. Sobre el papel, y aunque todos los partidos independentistas tienen implicados en el caso, es una dinámica que podría favorecer a Junts.