Europa insta a los estados a reconocer el aborto como un derecho fundamental
▶La iniciativa sigue a la medida que se ha tomado en Francia para incluir el derecho al aborto en la Constitución ▶Los obispos europeos denuncian que «va en dirección contraria a los derechos de las mujeres»
El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer una resolución que pide que el recurso al aborto como método anticonceptivo sea considerado un derecho fundamental en la UE. La votación se decantó por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones. La moción aprobada pide que se traslade al Consejo Europeo y a la Comisión una petición para que la posibilidad de eliminación de niños no nacidos sea añadido la Carta Europa de derechos Fundamentales. La Eurocámara sigue en este caso la estela de Francia, que el pasado mes de marzo enmendó la Constitución para considerarlo como un derecho que no se puede negar, con lo que se ha convertido en el primer país del mundo en blindar el aborto.
De hecho, ha sido la liberal francesa Manon Aubry la que ha movilizado esta propuesta, sin duda para complacer al presidente francés Emmanuel Macron que se jacta de haber hecho esto ya en Francia. «El derecho al aborto no es una cuestión de puntos de vista» asegura. «Se trata de un derecho humano. No, el derecho al aborto no es una cuestión controvertida. Se trata de una libertad fundamental. No, el derecho al aborto no mata. Al contrario, salva vidas. Mientras ustedes lo atacan silenciosamente aquí, en el Parlamento Europeo, ustedes, las mujeres, pueden contar con nosotras. Estaremos junto a ustedes hasta el final».
El aborto es legal ya en la mayoría de países, aunque sigue siendo un asunto muy divisivo en la sociedad europea, sobre el que las instituciones comunitarias carecen en estos momentos de competencias. Sin embargo, la resolución aprobada ayer también pide a Malta y Polonia –dos países donde esta práctica está restringida– que deroguen inmediatamente sus actuales prohibiciones. También pide a los demás Estados miembros que garanticen el acceso a toda la gama de los llamados derechos a la salud sexual y reproductiva, como servicios
DIVERSIDAD LEGAL
El Parlamento francés es el único que ha aprobado que el aborto sea incluido como un derecho fundamental en su Constitución. De hecho, Macron es uno de los promotores de esta iniciativa, que ya defendió en 2022 cuando le correspondió la presidencia de turno de la UE.
La elección de Donald Tusk como primer ministro ha reactivado el debate sobre el aborto. Ayer, el Parlamento polaco comenzó el debate de si facilitaba el acceso al aborto, que sólo está permitido en caso de violación o incesto, o si la vida de la mujer corra peligro
La política pronatalista implantada por Viktor Orbán en los últimos años le ha llevado a implementar medidas como la obligación de que las mujeres escuchen el latido del corazón del feto antes de proceder con un aborto. Además, está reconocido el derecho de los hospitales a negarse a realizar abortos y campañas contra el aborto en el transporte público y las escuelas.
Con la legislación más restrictiva de la Unión Europea, el aborto en Malta está prohibido en cualquier circunstancia. El Código Penal establece penas de hasta tres años de cárcel para las mujeres que aborten y de hasta cuatro, y la inhabilitación de por vida en los médicos, para quienes lo practiquen. de atención de salud materna, métodos y suministros de otros anticonceptivos y educación sexual sin discriminación. Además, entienden que los médicos y hospitales no deberían poder negarse a prestar este tipo de servicios ni siquiera invocando la cláusula de conciencia.
La española Soraya Rodríguez, de Ciudadanos, que ha sido una de los negociadores de la resolución considera que «el derecho al aborto legal y seguro es un derecho fundamental. La Unión Europea tiene la responsabilidad de protegerlo para todas las mujeres europeas introduciéndolo en la Carta de los Derechos Fundamentales» ya que «lamentablemente en los últimos años esto se ha hecho evidente con el retroceso mundial en los derechos de las mujeres y en particular en la salud y los derechos sexuales y reproductivos».
Antes de la votación, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (Comece) manifestó su rechazo a que la Unión Europea incluyera el aborto porque «va en dirección contraria a la promoción real de mujeres y del derecho a la vida». Los obispos aseguraron que la promoción de la mujer y de sus derechos no está relacionada con la promoción del aborto. «Trabajamos por una Europa donde las mujeres puedan vivir su maternidad libremente y como un regalo para ellas y para la sociedad», recalcaron.
Derecho a la vida
Además, apuntaron a que «el derecho a la vida es el pilar fundamental de todos los demás derechos humanos, especialmente de los más vulnerables, frágiles e indefensos, como el niño no nacido en el vientre de la madre».
A efectos prácticos, esta resolución aprobada por el Parlamento tiene pocas posibilidades de desarrollo, dado que la Carta Europea de Derechos Fundamentales forma parte de los tratados básicos de la UE que solo se pueden reformar por unanimidad de todos los Estados miembros. Haría falta que todos los gobiernos europeos, sin excepción, aprobasen esta medida que resulta muy conflictiva en algunos de ellos.
Entre los eurodiputados españoles,
votaron a favor de la iniciativa todos los de extrema izquierda, socialistas y la mayoría de Ciudadanos. De esta última formación solo dos se opusieron. El Partido Popular rechazó en bloque la propuesta –aunque se ausentaron tres de sus representantes–, al igual que Vox, con el voto en contra de sus cuatro eurodiputados. A ellos se unieron Susana Solís y José Ramón Bauzá.
En el grupo Popular se había determinado que los diputados tenían libertad de voto y todos se opusieron con la excepción de los tres diputados que estaban ausentes.
A escala europea, dos tercios del PPE votaron no y un tercio se sumó a la iniciativa. En el grupo de Conservadores y Reformistas, donde milita Vox, prácticamente todos trataron de impedir la aprobación de este texto, salvo un par de excepciones, ninguna de las cuales es de la delegación española.
El PPE dió libertad de voto y dos tercios de sus eurodiputados se opusieron a la resolución y otros se ausentaron