Un tribunal civil ordena al Vaticano readmitir y pagar a una monja «crítica»
▶ Expulsada de su orden, ahora deberán indemnizarla con 200.000 euros
La presidenta del tribunal civil de Lorient, en Francia, considera «despido improcedente» la expulsión de una monja de su monasterio y establece que la hasta ahora religiosa, quien llevaba 34 años en esa comunidad, tiene derecho a una indemnización de más de 200.000 euros por los daños morales. La sentencia es inédita pues supone una injerencia en cuestiones de ordenamiento interno de la Iglesia y por equiparar la vocación religiosa a una relación laboral. La víctima es Sabin Baudin de la Valette, también conocida como sor Marie Ferréol.
Los condenados son la Comunidad de Hermanas Dominicas del Espíritu Santo y quienes tomaron la decisión de expulsarla, el cardenal Marc Ouellet y sus dos colaboradores, JeanCharles Nault y Maylis Desjobert. Sabin Baudin de la Valette, de 57 años, fue expulsada tras 34 años de vida en el monasterio de Pont Calec, en la Bretaña. Reprocha a su comunidad que no había motivos suficientes para la exclaustración y que no se le dio la oportunidad de defenderse. Además, dice que ahora vive en la indigencia.
El escenario de esta historia es un aparentemente pacífico monasterio situado entre el canal de la Mancha, el mar Céltico y el golfo de Vizcaya. En la ciudad de Pont Calec, estas religiosas dedican su vida a la oración, al estudio y a la enseñanza en un colegio. Allí desde 1987 vivía sor Marie Ferréol. Según la abogada de la exreligiosa, los problemas comenzaron en 2011 cuando sor Marie Ferréol denunció «graves abusos y sucesos» en la vida diaria del monasterio.
En 2020, el Papa Francisco encargó al cardenal Marc Ouellet que realizara una visita apostólica al monasterio, término que utiliza el Derecho canónico para referirse a las investigaciones. Ouellet solicitó la ayuda de dos colaboradores, el abad Jean-Charles Nault y la abadesa Maylis Desjobert. Los tres hablaron con todas las religiosas y con otras personas y el cardenal pasó una semana en la abadía para conocer de primera mano la situación. Como conclusión, en octubre de 2020, Ouellet ordenó la expulsión temporal de sor Marie Ferréol, y seis meses después la definitiva por haber creado un «clima de sospecha y de miedo».
Sor Marie Ferréol, que sigue llevando el hábito religioso, asegura que la decisión se le comunicó en plena noche, y que fue trasladada a un monasterio de Le Mans sin darle tiempo a asimilarlo ni a defenderse. Además, explica que tras la expulsión definitiva fue dejada en la calle y no recibió ningún tipo de ayuda.
El proceso civil comenzó en Lorient en octubre y, ya esta semana, el tribunal ha condenado por «despido injusto» al cardenal Ouellet y a sus dos colaboradores. Armelle Picard, presidenta del tribunal, lamenta no haber tenido acceso a las actas y a la sentencia de la visita apostólica y dice que lo único que entonces se reprochó a la exreligiosa era la «manipulación de personas, comentarios críticos y destructivos, ataques contra la verdad, espíritu rebelde y crítica sistemática», sin concretarle a qué circunstancias se refieren.
Vivía en la indigencia
El tribunal considera que no fue respetado el procedimiento de despido, pues se produjo sin informar sobre los hechos concretos de los que se le acusa, sin aviso previo, sin una propuesta previa y sin posibilidad de defenderse. Consideran un agravante el hecho de que no se proporcionara ayuda a la religiosa después de la expulsión, pues había prestado servicio en el monasterio tres décadas y fuera de él carecía de recursos.
El cardenal Ouellet rechazó participar en el proceso y no ha demostrado documentalmente la decisión que tomó en nombre del Papa. Por otro, una de sus propias colaboradoras mantenía una tensa disputa con sor Marie Ferréol y se cree que pudo condicionar la decisión final.
Como resultado, el tribunal civil ha impuesto a los tres acusados y al monasterio el pago de una indemnización de más de 200.000 euros. Al cardenal le corresponde pagar unos 100.000 euros. Además, la comunidad deberá añadir otros 33.622 euros por no haberla ayudado tras la expulsión.
Fue dejada en la calle sin ayuda, argumenta una sentencia inédita que equipara vocación religiosa a relación laboral