La ministra Isabel Rodríguez destinó el dinero estatal a una guía sobre transexualidad
▶ Siendo alcaldesa de Puertollano, el consistorio ejecutó este uso de los fondos
Lo que empezó como una investigación puntual del Ministerio de Igualdad a una «cena solo para mujeres» organizada por un ayuntamiento del PP en Galicia con fondos del pacto de Estado contra la Violencia Machista, ha destapado un uso negligente de este presupuesto a nivel nacional. Municipios de toda ideología están recurriendo a estos fondos para financiar todo tipo de eventos que nada tienen que ver con el maltrato de las víctimas.
Igualdad puso la lupa en la «cena solo para mujeres» de Cotobade, pero la plataforma Contra el Borrado responde que, puestos a investigar, el ministerio debería hacerlo con hasta 67 iniciativas diferentes en las que el PSOE tiene también responsabilidad.
Uso inapropiado
De la relación de «usos inapropiados» del dinero de las arcas públicas que ha recopilado la plataforma feminista a partir de denuncias de particulares, personal de las propias instituciones y de otras entidades, hay uno que llama especialmente la atención por su finalidad: una guía editada en Puertollano (Ciudad Real) en 2020 para ‘Ser lo que Sienta Ser: Transexualidad, Transgénero, Intersexual’.
Ese despilfarro de dinero público para «promover el transgenerismo» en palabras de Contra el Borrado tiene la impronta de un Ayuntamiento del PSOE. Puertollano ha sido los últimos 44 años un bastión inexpugnable del PSOE hasta que por primera vez en democracia el pasado mes de mayor pasó a manos del PP.
Entre 2019 y hasta el 11 de julio de 2021, la alcaldesa de la localidad ciudadrealeña fue Isabel Rodríguez, que luego dio el salto a ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez y hoy es responsable de Vivienda de su gabinete.
Diversidad sexual
Asimismo, siempre según las denunciantes, el Instituto de las Mujeres de Castilla-La Mancha promocionó los actos del Orgullo en la Universidad de Castilla-La Mancha, con un Gobierno del PSOE al frente y fondos del pacto; y otro ministro, el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, estaba al frente del archipiélago canario cuando se pagaron con las partidas estatales contra la violencia sexista los programas ‘Sex&Chill. Programa de Intervención con Menores de la Asociación Diversas’, ‘Escuela en Tránsito. Acompañamiento del alumnado trans’ o ‘Desenredos. Educación Diversidad Afectivo-Sexual 1º de ESO’.
Estos programas se impartieron en 2020, 2021 y 2022 por el Gobierno de Canarias de los socialistas en alianza con Unidas Podemos, apunta Contra el Borrado. Aleccionaron a los niños de los colegios públicos canarios en educación afectivo-sexual «diversa», un propósito muy alejado del que busca el acuerdo de Estado.
esta cuestión mediante lo que llamó ley de equidad del sistema sanitario, que vetaba los acuerdos y colaboraciones con la sanidad privada. Contemplaba sin embargo una excepción por la que las comunidades autónomas podrían continuar utilizando estas fórmulas siempre y cuando pudieran justificar la necesidad de hacerlo. Las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos la bloquearon hasta que decayó por la convocatoria de las elecciones.
La privada, con cautela
La sanidad privada es cauta a la hora de pronunciarse sobre este proyecto. «Hay que esperar para ver en qué términos se plantea», dice a ABC Juan Abarca, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que defiende el valor de la sanidad privada al sistema. Cree además que desde el departamento de Mónica García «no hay intención de atacar al sector sanitario privado, sino de garantizar que las reglas para la colaboración público-privada sean transparentes». En este sentido, resalta la importancia de que se establezcan estas reglas «que otorguen seguridad jurídica a todas las partes».
En este sentido, el presidente de IDIS insiste en que la colaboración entre la sanidad pública y la privada «ha demostrado históricamente ser beneficiosa para el propio sistema sanitario y sobre todo para el paciente», destacando la capacidad de la sanidad privada para ayudar a reducir las listas de espera. Abarca reclama que los modelos de gestión sanitaria sean evaluados en función de su eficiencia y resultados. «A priori, la gestión directa no plantea bajo nuestro punto de vista ventajas que se puedan cuantificar en términos de eficiencia y resultados sanitarios», asevera.
Precisamente IDIS en su informe ‘Sanidad privada, aportando valor’ analiza el gasto de las comunidades en la partida de conciertos con la sanidad privada. Con los datos concluye que Cataluña es la región que en 2021 (últimas cifras) más dinero público destinó a estos convenios (24,1%), seguida, por Madrid (11,8%) y Baleares (8,6). En el lado contrario, los que menos fueron Aragón, Cantabria y Castilla y León.
El mismo informe señala qué comunidades tenían más acuerdos con la sanidad privada en 2021, aunque estos datos pueden haber cambiado en los últimos dos años. Según estas cifras, en ese momento la región que encabezaba la lista era la Comunidad Valenciana, pues el 85,7% de sus servicios hospitalarios tenían algún tipo de concierto con el sector privado, situación que ha cambiado con la reversión del modelo en varios hospitales. Aragón, Canarias y Castilla y León continúan el listado, con el 72,7% de servicios hospitalarios con conciertos con la sanidad privada.
Cataluña fue la comunidad que más dinero del gasto sanitario destinó a convenios con el sector privado en 2021