La Xunta, airosa en la mayoría de disputas con el Estado desde 2009
Habló algo más de hora y media, pero de lo dicho por Alfonso Rueda el martes, en el debate de investidura en el Parlamento, fue un anuncio de apenas unos segundos el que acaparó un buen puñado de titulares: la creación de una dirección de asuntos constitucionales, ante los «ataques» a la Carta Magna y «cuestionamiento» del Estado constitucional; y para «defender» las normas que emanan de la Cámara autonómica –véase ley del litoral–. La oposición, especialmente el PSOE, lo ha interpretado como un instrumento de «confrontación» con el Gobierno. El miércoles, la viceportavoz parlamentaria Lara Méndez replicó, en referencia a recursos de inconstitucionalidad cruzados entre ambas administraciones con el PP en el gobierno gallego, que «de 14 solo ganaron dos» en San Caetano. Aquí tercian que han salido airosos en más de la mitad de conflictos.
Las cuentas de los socialistas, tal y como pudo consultar este diario, incluyen únicamente los recursos de constitucionalidad. La Xunta ha planteado siete, y otros tantos han partido del Estado. En el primer caso, sólo apuntan un tanto al gobierno gallego, por la estimación parcial del conflicto con la Ley 9/09. En el segundo, únicamente cuando el TC desestimó el intento de tumbar la Ley 12/2010.
El gobierno gallego no sigue el mismo criterio. Para empezar, se habla de pronunciamientos favorables –no sentencias–, y se incluyen aquellos casos donde la Xunta obtuvo alguna estimación, aunque no fuera total; o donde el Estado obtuvo alguna anulación, pero el resto de lo impugnado se mantuvo. En segundo lugar, no se circunscriben en su recuento a los recursos de inconstitucionalidad, sino que aluden a toda la «conflictividad» del Estado, de acuerdo
53%
Galicia y el Estado han dirimido, desde 1980, 77 conflictos competenciales y 59 recursos. Desde 2009, la Xunta ha tenido más pronunciamientos favorables que adversos con lo consultado por ABC. En lugar de 14 hitos, por tanto, hay que hablar del doble, casi una treintena, desde 2009, cuando Alberto Núñez Feijóo accede a la Presidencia de la Xunta. Y cambia sustancialmente el balance: de un pobre 14% de éxito, a un positivo 53%.
Historial de choques
El primer choque se produce cuando la Xunta interpone un conflicto positivo de competencia contra diversos preceptos del Real Decreto 1916/2008, por el que se regula la iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros; el gobierno gallego obtiene una estimación parcial. A partir de ahí, volvió a salir airosa la Xunta al acudir al TC por la concesión de subvenciones locales para desarrollar programas innovadores a favor de la integración de inmigrantes (estimación); ayudas a entidades y ONG de ámbito estatal para la realización de actividades privadas (estimación); varios artículos del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria (estimación parcial); disposición final primera y anexos del Real Decreto 1549/2009, sobre ordenación del sector pesquero (parcial); y la Orden ITC/404/2010, de bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas a la implantación y desarrollo de la responsabilidad social en PYMEs (parcial).
Cuando fue el Gobierno quien movió ficha, la Xunta se apuntó un tanto con la Ley 1/2010, relativa a los servicios en el mercado interior (estimación parcial); ley 10/2009, de cajas de ahorros (parcial); ley 12/2010 de racionalización del gasto farmacéutico (desestimación); acuerdo del Consello para aprobar el catalogo priorizado de productos farmacéuticos (desestimación); Ley 12/2014 de medidas fiscales y administrativas (parcial); varios puntos de la Ley 3/2013 de impulso y ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones (parcial); y varios preceptos de la ley 13/2015 de medidas fiscales y administrativas (parcial). A esto hay que sumar que el Gobierno desistió de su rechazo a la Ley 8/2021, de salud, tras acuerdo bilateral; el PSOE se lo computa a Sánchez.
Desde 1980, Galicia ha dirimido 77 conflictos con el Estado, y ocupa el tercer puesto, pero muy lejos de Cataluña (368) y País Vasco (185), según el último Boletín de Conflictividad del Ministerio de Política Territorial; 53 partieron de la Xunta y 24 del Gobierno. Además, Galicia ha presentado 34 recursos, por detrás de Andalucía y Canarias, además de Cataluña y País Vasco, frente a 25 del Gobierno; en total, 59 recursos.